Inmigración estable

El principal logro que cabría esperar del nuevo reglamento de la Ley de Extranjería aprobado por el último Consejo de Ministros del año es dotar de estabilidad, y consecuentemente de seguridad jurídica, el marco legal-administrativo que regula el fenómeno de la inmigración en España, más allá de la orientación política del Gobierno del momento. Es algo que en alguna medida ha faltado hasta ahora, a pesar de que uno de los objetivos asignados a la Ley de Extranjería de febrero de 2001, la vigente, fue acabar con la incertidumbre normativa en un asunto necesitado de un tratamiento a medio y largo plazo basado en principios y criterios estables.

Hoy parecen vislumbrarse condiciones para esa deseable estabilidad normativa. El Gobierno del PSOE no cuestiona la ley impulsada por el PP y reformada varias veces, sino que la desarrolla reglamentariamente, reorientando sus principios y criterios básicos sin desbordar el ámbito de la norma. No se comprende, por ello, la autoexclusión del PP del amplio debate político y social desarrolllado en torno al nuevo reglamento, su actitud ambigua ante no pocos de sus aspectos y su rechazo a la regularización de aquellos inmigrantes -varios cientos de miles- que se encuentran trabajando irregularmente en España. Parece como si el PP temiera que un apoyo por su parte a la regularización de los cientos de miles de inmigrantes irregulares llegados en los últimos cuatro años pueda ser interpretado como un fracaso de su política migratoria. Pero al margen de los errores y deficiencias de esa política, es un hecho que en ese tiempo España ha sufrido una presión migratoria sin precedentes.

En todo caso, hacer legal lo real otorgando papeles a los inmigrantes irregulares vinculados de hecho al mercado de trabajo cuenta con un apoyo político, social e institucional prácticamente unánime, en especial de empresarios y sindicatos. Se trata de un buen punto de partida para ir perfilando una política de inmigración estable y al margen de la lucha partidaria, que responda al pacto institucional propugnado en su día por Zapatero y en el que es imprescindible la participación del principal partido de la oposición.

En este sentido es importante que la apuesta del anterior Ejecutivo por una inmigración legal y ordenada se plasme perfeccionando y agilizando administrativamente los tres instrumentos básicos de contratación en origen: el régimen general (contratación individual nominativa), el cupo o contingente anual, y los trabajos de temporada. La gestión ágil de esos instrumentos, en consonancia con las demandas del sistema productivo y con la situación nacional de empleo, es el mayor reto al que se enfrenta este Gobierno, como le ocurrió al anterior, para evitar que la política migratoria fracase.