La Cámara gallega reabre la comisión del 'Prestige' sin un plan de trabajo

La comisión del Parlamento gallego que debía investigar la catástrofe del Prestige fue ayer resucitada a la fuerza, 21 meses después de su disolución. El comité parlamentario se reabrió en cumplimiento de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que declaró nulo el acuerdo tomado por la Cámara en marzo de 2003, cuando el PP impuso su mayoría absoluta para forzar el cierre de la investigación. El acto de reapertura de la comisión volvió a servir de escenario para un nuevo enfrentamiento entre los populares y sus opositores socialistas y nacionalistas.

El PP se limitó a dar la comisión por reconstituida y rehusó, como pretendían los grupos opositores, establecer de inmediato un plan de trabajo para retomar la investigación. Los populares adujeron que no hay motivos urgentes que impidan "dejar pasar las fiestas" antes de debatir un plan de trabajo. "El PP intenta, de facto, no cumplir la sentencia del TC, dilatar el proceso y hacer otra vez inoperativa la comisión", denunció el portavoz del BNG, Alfredo Suárez Canal.

El TC dio la razón a los recursos presentados en su día por PSdeG-PSOE y BNG y dictaminó que la Cámara había vulnerado derechos de los diputados con la forma en que decidió disolver la comisión. El PP había forzado una reforma tácita del reglamento parlamentario para dar por cerrado el comité investigador, semanas después de que los diputados de la oposición lo abandonasen provisionalmente. Nacionalistas y socialistas protestaban así contra la decisión del PP de vetar la mayoría de las comparecencias solicitadas por sus opositores, entre ellas, las de todos los cargos y funcionarios de la Administración central. El reglamento de la Cámara sólo permite disolver una comisión investigadora cuando la mayoría de sus miembros apruebe un dictamen final o en caso de que se agote la legislatura sin alcanzar conclusiones finales.

Tras ser disuelta en marzo de 2003, y cuando ya han pasado dos años desde el desastre, la comisión volvió a reunirse ayer exclusivamente para cumplir el trámite de elegir una nueva mesa. El PP se limitó a sustituir al presidente y vicepresidente anteriores por otros dos diputados de su grupo, y rechazó las peticiones de PSOE y BNG para establecer de inmediato un nuevo calendario de trabajo. "Tenemos seis meses por delante", declaró el portavoz popular Manuel Ruiz Rivas, "las prisas de la oposición obedecen más a intereses propios que al objetivo del buen funcionamiento de la institución".

La comisión arrancó así en el mismo clima de enfrentamiento político que la había conducido al bloqueo. La socialista Carmen Gallego acusó al presidente del Parlamento, el popular José María García Leira, de "insistir en la vulneración de derechos de los diputados" condenada por el TC. "La comisión tiene capacidad para reunirse en el mes de enero y debería elaborar un plan de trabajo a la mayor brevedad posible", insistió Gallego. El nacionalista Suárez Canal anunció que su grupo estudia presentar un escrito conjunto con el PSOE para reclamar al PP que reconsidere su actitud. "¿Qué explicación tiene dejar pasar 10 ó 12 días sin dejar siquiera que se reúna la mesa de la comisión? La única posible es que el PP intenta boicotear por la puerta de atrás la sentencia del TC", concluyó el portavoz del BNG.