Un juez condena a una empresa alavesa a indemnizar a sus empleados por vulnerar el derecho de huelga

El Juzgado de lo Social número 1 de Vitoria ha condenado a la empresa Fundiciones Ocáriz, ubicada en Salvatierra, por vulnerar el derecho de huelga y a la libertad sindical de sus trabajadores durante el conflicto que paró la firma entre el 7 de enero y el 22 de febrero pasados.

Para romper la huelga y mantener la producción, la empresa sustituyó a los huelguistas.

El conflicto de Ocáriz comenzó en 2003, cuando su dirección se negó a negociar un convenio colectivo para los 81 integrantes de la plantilla y presentó un expediente de suspensión de empleo

rotativo durante una semana al mes. Las subsiguientes protestas sindicales fueron contestadas por la empresa con el despido de siete empleados mientras seguía abierto el periodo de consultas del expediente.

Los sindicatos ELA y UGT denunciaron entonces la "política de coacción y miedo" que la dirección intentaba implantar en la empresa, a la vez que quería congelar los salarios. Cuando en enero los trabajadores comenzaron la huelga indefinida el número de despedidos ascendía ya a una docena.

La sentencia, de la que ELA informó el viernes, condena a Ocáriz a pagar a los huelguistas la mitad de los salarios dejados de percibir durante el paro por los daños y perjuicios derivados de su sustitución.

El fallo indica además que la empresa obstruyó de forma reiterada las funciones del comité de huelga al no permitir su libre acceso a las instalaciones, hecho por el que la condena a indemnizar a cada miembro del comité con 3.000 euros.

No es la primera vez que la firma alavesa es sancionada. El Departamento de Medio Ambiente multó en 2001 y 2002 a Fundiciones Ocáriz por no retirar unas balsas que utilizaba en el exterior de sus instalaciones para depositar los residuos tóxicos generados por su actividad industrial. La consejería sancionó a la empreesa por sus reiterados vertidos contaminantes a un río que discurre por la zona.