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El fiscal jefe de Asturias desiste de impedir el aborto de una discapacitada

El fiscal jefe de Asturias, Gerardo Herrero, desistió ayer del recurso que presentó el lunes contra un auto de un juez de Avilés que autoriza a abortar a una discapacitada de 27 años, embarazada de 21 semanas, y cuya edad mental es la de una niña de tres años. Herrero explicó que su recurso tenía carácter cautelar para estudiar el caso y que, tras analizar los informes psiquiátricos, psicológicos y médicos en los que el magistrado se había fundamentado, considera que "la resolución judicial es conforme a Derecho". El fiscal del caso no se había opuesto a la decisión judicial.

El auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Avilés, cuyo titular es José Luis Niño, autorizó el pasado día 10 a los padres de la joven discapacitada mental a practicarle un aborto por el grave riesgo que la maternidad entrañará para la salud física y psíquica de la gestante. Se consideraron los informes periciales y los antecedentes familiares. El supuesto que se aduce para la interrupción (grave riesgo para la salud física o psíquica de la embarazada) carece de un plazo límite para practicarla.

La decisión de autorizar el aborto suscitó una campaña de varios grupos antiabortistas, de la Iglesia asturiana, la directiva del Colegio de Médicos y del PP. En medio de esa polémica, el fiscal jefe de Asturias comunicó por escrito el pasado lunes al fiscal del caso que quedaba relevado y que él mismo asumía el proceso. El relevo se produjo mediante la aplicación del principio de superioridad jerárquica, el último día hábil para interponer recurso contra el auto. Herrero justificó la decisión en la relevancia y notoriedad social del caso y porque carecía de información directa del mismo, aseguró.

Decisión de los médicos

En su resolución de ayer, el fiscal jefe advierte de que, dado el tiempo transcurrido, deberían ser los médicos quienes determinasen si es procedente el aborto, o si sería preferible provocar un parto prematuro o esperar a que concluya la gestación. Los padres de la discapacitada solicitaron autorización judicial para que su hija abortase. Antes de emitir el fallo, José Luis Niño declaró la incapacitación de la gestante. Posteriormente, el juez concedió libertad a sus padres, y ahora también tutores, para interrumpir el embarazo de su hija.

Otro juzgado de Avilés, el numero 3 de instrucción, tiene abiertas diligencias para determinar si la gestante quedó embarazada en una relación consentida y libre entre iguales o si, por el contrario, pudo mediar coacción o abuso sexual. Las autoridades asturianas investigan este extremo.

La mujer, cuya identidad se ha preservado, vivía cinco días por semana en un piso tutelado por una asociación de la comarca de Avilés. Cada día acudía a un centro ocupacional dependiente de la Consejería de Servicios Sociales del Principado. Los fines de semana los pasaba con su familia.

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