El CES detecta un uso "irregular" de la temporalidad en el sector público

La Administración pública utiliza de forma "irregular" la contratación temporal de trabajadores y con un respeto "poco escrupuloso" de las normas. Esas acusaciones aparecen en un informe elaborado por el Consejo Económico y Social (CES), que hoy aprobará en pleno. También afirma que la temporalidad ha "aumentado fuertemente" en el sector público, sobre todo en ayuntamientos y comunidades autónomas, mientras se frena en el privado.

El informe, que contará previsiblemente hoy con el consenso de todos los grupos del Consejo Económico y Social, fue encargado por el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, el pasado mes de julio. Su objetivo es analizar "la temporalidad en el empleo en el sector público", y concluye que se ha producido un fuerte aumento en ese tipo de contratación de trabajadores, con una tasa más del doble de la que existía en 1987 y el 56% del empleo creado desde 1997 es temporal.

El CES cree que se trata de un aumento "excesivo", no justificado, significativamente superior a la media comunitaria y que desde 1995 ha aumentado en casi siete puntos (del 16,1% sube al 22,8% de los 2,8 millones de empleados públicos), mientras que en el sector privado se ha reducido en ocho puntos (del 40,7% al 32,5% de los 11 millones de trabajadores de las empresas privadas).

Ese incremento en el sector público incumple, según el consejo, las prohibiciones introducidas en las sucesivas leyes de presupuestos de contratar nuevo personal temporal "salvo en situaciones excepcionales de necesidades urgentes". Unas condiciones que a su juicio no se dan y con una utilización de las modalidades de contratos temporales por las distintas administraciones que "no se ha producido siempre dentro de un respeto escrupuloso a las reglas" y con una "utilización a veces irregular". Es decir, el CES detecta fraude de ley porque se han usado contratos temporales para tareas que no tienen ese carácter de temporada.

Sanidad y educación

La situación es distinta en cada ámbito, ya que en la Administración central la tasa de temporalidad es "relativamente baja", con un 12,9%. En las comunidades autónomas, sube hasta el 20,5%, y en los ayuntamientos, se eleva hasta el 31,3%. La precariedad es muy elevada en la educación (22%) y la sanidad (29%), con una significativa presencia de mujeres, y dos sectores donde la competencia corresponde a las comunidades.

Respecto a los ayuntamientos, la incidencia de la temporalidad es especialmente importante en Andalucía, las dos Castillas, Extremadura y Galicia, que reúnen tasas superiores al 40%. Y el índice es aún superior en los municipios con menos de 20.000 habitantes, con el 55,3% del total de temporales. El CES asegura que se están utilizando contratos de obra o servicio para cubrir "necesidades permanentes y, por tanto, en vulneración de las normas".

Entre las causas de ese recurso a la temporalidad, enumera las de carácter presupuestario, por insuficiencia de recursos; y las normativas, por el corsé impuesto por los sucesivos Gobiernos al limitar las tasas de reposición en la oferta de empleo público (sólo una parte de las bajas son cubiertas por nuevos funcionarios titulares).

El informe del CES hace estas recomendaciones: poner fin a la restricción de la oferta de empleo público; una política de recursos humanos dirigida a alcanzar una dimensión de las plantillas de personal más adecuada a las necesidades de los servicios públicos; una ordenación de la relación de puestos de trabajo; la elaboración de planes de empleo orientados a reducir la temporalidad; la convocatoria periódica para cubrir puestos vacantes; evitar las situaciones de interinidad prolongadas artificialmente, y el uso adecuado de las modalidades de contratación.