El Consell quiere que entidades con ánimo de lucro accedan a ayudas para cooperación

Los representantes de los sindicatos se vieron obligados ayer a presentar un voto particular al dictamen que el Comité Económico y Social (CES) realizó sobre el anteproyecto de Ley de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad Valenciana. La discrepancia con el resto de miembros de este órgano de carácter consultivo se centró en el texto, remitido por la consejera de Cooperación y Participación, Gema Amor, que sostiene que, a partir de la aprobación de la ley, todas las entidades, tengan o no ánimo de lucro, podrán acceder a las subvenciones oficiales para llevar a cabo proyectos de cooperación. Según explicó el representante de los sindicatos, Juan Ortega, este punto "no tiene sentido, puesto que estas entidades plasman en sus proyectos la marca, publicidad e imagen de la empresa y, además, tienen ánimo de lucro". Por ello, según los sindicatos, la ley debería, únicamente, "limitar su cooperación a realizar donaciones y que éstas vayan a parar a proyectos concretos que ya están funcionando". Por el contrario, el presidente del CES, Rafael Cerdá, mostró su acuerdo con esta novedad que incluye la ley siempre que las entidades "acrediten las garantías exigidas por las disposiciones financieras y presupuestarias que recoge la normativa". Aún así, el texto del comité propone que estas entidades "lleven una contabilidad separada y se comprometan a no obtener beneficio alguno".

En cualquier caso, el Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana aprobó ayer por unanimidad el dictamen al anteproyecto de ley, que regulará todas las cuestiones relativas con la cooperación con los países subdesarrollados. Pese al dictamen favorable, una vez más, el comité ha tenido que incluir en sus consideraciones su malestar ante el trámite de urgencia por el que se ha tramitado el anteproyecto, en una petición que el propio dictamen califica de "no justificada (...) tanto por el contenido del anteproyecto como por el hecho de que no existe un vacío legal al respecto". En sus consideraciones de carácter general, el CES señala además que constata que "el principio de coherencia es imprescindible en la política de cooperación", recogiendo la necesidad de que todas las políticas públicas deben ajustarse a los principios de solidaridad y justicia internacional con el objetivo de reducir las desigualdades y erradicar la pobreza en el mundo. A esto, añade que "es necesario reforzar en la ley la existencia de una única unidad de dirección y gestión de toda la política de cooperación que se lleve a cabo por la Generalitat Valenciana" y propone sustituir en el texto legal el término "países del Sur" por el de "países en vías de desarrollo".

En cuanto al articulado, las observaciones se dirigen a que, en los objetivos y finalidades de la ley, debería aparecer no sólo el del "fomento del trabajo digno y de la capacidad de emprender", sino también que "no se debe producir ninguna discriminación por razón de género y orientación sexual" y "promocionar la justicia internacional y la reducción de las desigualdades".