El Gobierno aprueba esta semana las nuevas retenciones tras descontar la inflación del IRPF

El Gobierno aprobará esta semana la nueva tabla de retenciones del IRPF que se aplicará en las nóminas desde enero de 2005. Aunque no ha habido cambios en el impuesto, la decisión de descontar el efecto de la inflación del IRPF (la llamada deflactación de la tarifa) obliga a modificar los tramos de renta a los que se les aplica una retención u otra. El cambio consiste el elevar un 2% esos tramos aplicando los mismos tipos. La patronal CEOE valora la decisión de eliminar la inflación del impuesto, pero critica que no recoja el IPC acumulado desde 2000 y que no se extienda a otros conceptos como el límite para declarar.

Las empresas tendrán que aplicar desde el 1 de enero nuevas retenciones en las nóminas de sus trabajadores. Es, prácticamente, el único cambio fiscal que entrará en vigor el año que viene, una traslación de la promesa electoral socialista de limpiar el IRPF del efecto de la inflación. No obstante, la repercusión de esta medida será limitada, pues el Gobierno sólo descontará la inflación prevista (2%), cuando el índice de precios de consumo (IPC) va ya por el 3,5%, según los datos de noviembre.

Con la deflactación de la tarifa, que se aplica sobre los ingresos del contribuyente, los tramos que determinan si una renta tributa a un tipo o a otro superior se elevan un 2%. Es decir, más volumen de esa renta permanece en el tramo inferior y, por tanto, se le aplica un tipo menor. El resultado es que el contribuyente paga algo menos de impuestos (Hacienda calcula que la deflactación de la tarifa supone un ahorro global a los ciudadanos de 175 millones de euros).

El objetivo es evitar que un contribuyente pague más impuestos sin percibir aumentos salariales que mejoren su poder adquisitivo. El efecto de la medida aprobada es, no obstante, limitado si se tiene en cuenta que lo que más incide en el pago del contribuyente es elevar ese 2% los mínimos personales (cantidad exenta de tributación) y las deducciones (vivienda, fondos de pensiones...).

La patronal CEOE valora esa decisión de ajustar la tarifa a la inflación, aunque critica que el incremento sea sólo del 2%, en lugar de recoger el aumento de precios de los últimos años. "La consecución de tan justo objetivo requeriría que la actualización de los tramos de las escalas general y autonómica del impuesto y la consecuente actualización de la escala de retenciones se adecuaran a la inflación experimentada desde la última actualización de la tarifa", asegura la organización empresarial en un documento interno.

La última vez que se actualizó el IRPF con la inflación fue en el año 2000. Desde entonces, el Gobierno del PP dejó de hacerlo con el argumento de que prefería bajar los impuestos. El PSOE calculó entonces que renunciar a esa herramienta permitía ingresar 1.200 millones de euros de más a costa de los ciudadanos.

La CEOE critica también que esa actualización no se traslade "a todos los parámetros establecidos en valores absolutos dentro de la normativa del impuesto". Es decir, cantidades como el mínimo personal, el límite que exime de declarar (22.000 euros anuales) o el tope de renta que excluye de la obligación de retener.

Los empresarios entienden que el Gobierno no incluya esta mayor actualización en los Presupuestos 2005, pues la norma impide emplear las cuentas del Estado para subir impuestos más allá de la inflación prevista (2%). Sin embargo, consideran que sí podrían haber aprovechado la vía presupuestaria para trasladar ese 2% a otros conceptos.

El documento de la organización detalla la relación de artículos de la normativa del IRFP que, a su juicio, deberían también contagiarse de la deflactación. Son 10 artículos, en diversos apartados, que hacen referencia a cuestiones muy diversas. Algunas de ellas tienen carácter más general, como los rendimientos del trabajo que deben estar sujetos a retención o el límite que excluye de la obligación de declarar, así como las retenciones de perceptores de pensiones. Otras hacen referencia a cuestiones más concretas: exención de los rendimientos percibidos por trabajos en el extranjero, exención de ayudas a los deportistas, gastos deducibles por cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales, gastos por comedores o premios.

La CEOE pide que todas estas cantidades se eleven también un 2%, lo que supone que el contribuyente pague menos. No obstante, el Ejecutivo es consciente de que extender el 2% a todos esos conceptos tendría un coste muy superior y afectaría, por tanto, a la recaudación de Hacienda. Por eso ha optado por una fórmula que le permite sostener que ha cumplido su promesa electoral y sólo le cuesta 175 millones.