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LA POSGUERRA DE IRAK

Arranca el juicio contra el régimen de Sadam

Alí el Químico y el ex ministro de Defensa son los primeros interrogados por un juez en Irak

El proceso contra los responsables del régimen de Sadam Husein comenzó ayer con el interrogatorio por un juez instructor de dos de los más íntimos colaboradores del dictador iraquí: su primo, Alí Hasan al Majid, más conocido como Alí el Químico por su responsabilidad en el bombardeo con gases venenosos de la población kurda a finales de los años ochenta, y el ex ministro de Defensa Sultan Hashim Ahmad. El macroproceso, que se inicia un año después de la captura de Sadam, se enfrenta no sólo a la falta de preparación de los miembros del tribunal, sino también a la espiral de violencia que sufre el país. La insurgencia comenzó ayer una campaña de atentados para abortar las elecciones del próximo 30 de enero.

Alí Hasan al Majid, Alí el Químico, con su bastón, y el último ministro de Defensa de Sadam Husein, Sultan Hashim Ahmad, ambos acusados de dirigir la salvaje campaña de exterminio de kurdos a finales de la década de los ochenta con el empleo de armas químicas, se convirtieron ayer en los primeros en ser interrogados por un juez instructor de Irak. Arranca así un proceso -tras la breve comparecencia en julio pasado de los 11 dirigentes más próximos a Sadam Husein, capturados el 13 de diciembre de 2003, para escuchar los cargos que pesan contra ellos- que promete sobresaltos. "No hay calendario para los juicios", explicó a la prensa Raed Yuhi, jefe de los jueces instructores. Lo que sí existen son discrepancias flagrantes en el Gobierno interino sobre el ritmo que debe seguir el macroproceso que juzgará los atropellos perpetrados durante los 35 años (1969-2004) de régimen del Partido Baaz.

El estatuto del tribunal no exige jueces experimentados en casos de genocidio

"Éste será, posiblemente, el juicio del siglo, y debemos de hacerlo de la manera correcta". Muwafaq al Rubaie, asesor de Seguridad Nacional del Gobierno iraquí, comentaba hace 10 días que el proceso contra Sadam Husein y 11 de sus más cercanos colaboradores no podría comenzar hasta 2006. Sin embargo, el 14 de diciembre, el primer ministro, Ayad Alaui, anunciaba el inicio sin demora esta semana entrante de los juicios "para que se haga justicia en Irak". Es muy probable que el calendario electoral apremie al gobernante, a su vez candidato en los comicios legislativos del próximo 30 de enero. Pero las prisas son pésimas consejeras para juzgar este tipo de delitos -que por su gravedad exigen ser probados más allá de cualquier duda razonable-, de los que son acusados Sadam Husein y sus secuaces: genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, además del asesinato de centenares de opositores políticos.

Decenas de miles de estas víctimas fueron enterradas en incontables fosas comunes desperdigadas por todo Irak. Más de un centenar de ellas ya fueron localizadas hace más de 12 meses. Sólo los análisis forenses de los restos hallados podrían demorarse años. Y los medios técnicos escasean.

Las críticas de juristas y ONG se han desatado, aunque fueron frecuentes desde el anuncio de la creación del tribunal ad hoc el 10 de diciembre de 2003, tres días antes de la captura de Sadam Husein. Al margen de las quejas de los abogados del ex dictador -que el pasado jueves recibió por primera vez, un año después de su detención en el agujero de Al Duri, la visita de uno de sus letrados-, Human Rights Watch (HRW), que continúa trabajando en Bagdad, asegura en un comunicado que "los estatutos del tribunal no exigen que los jueces y fiscales tengan una experiencia relevante en procesos por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad", un escollo que esta organización, cuya sede central radica en Nueva York, ha destacado desde que se rechazó la presencia de experimentados magistrados internacionales en el tribunal. Washington siempre fue reacio a cualquier implicación de Naciones Unidas en el proceso judicial, especialmente por el rechazo de Kofi Annan a avalar la legalidad de la invasión de la coalición internacional. Pero hay muchos más obstáculos.

Al margen de la inseguridad y de los asesinatos y dimisiones de jueces y fiscales -la identidad del director del tribunal es desconocida-, el deseo de Estados Unidos de evitar a toda costa la creación de un tribunal penal internacional bajo el amparo de Naciones Unidas ha acarreado serios contratiempos. "El estatuto del tribunal no requiere que los jueces y fiscales tengan una experiencia considerable en casos de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad", afirma HRW. Su petición de que se permita la participación de jueces internacionales ha caído en saco roto. El hecho de que la pena de muerte sea aplicable a los imputados impide también que Naciones Unidas pueda prestar asistencia al tribunal. No parece que el adiestramiento de magistrados por juristas estadounidenses y británicos pueda reemplazar a la experiencia imprescindible para juzgar este tipo de delitos. Human Rights Watch, con sede en Nueva York, reclamó el viernes al Ejecutivo interino de Ayad Alaui que diera marcha atrás y ofreciera más tiempo para preparar adecuadamente la acusación.

Sin ir más lejos, el juicio contra el ex presidente yugoslavo Slobodan Milosevic, por delitos similares a los que se imputan a los prebostes del Partido Baaz iraquí, lleva casi tres años de andadura, pero el tribunal fue fundado en 1993 y los fiscales comenzaron a recoger pruebas y testimonios en 1994. Es decir, nueve años para preparar las vistas. En el caso iraquí -a pesar de la violencia rampante en el país, la falta de preparación de los juristas e incluso la pérdida de pruebas denunciada- se ha arrancado ya y se desea que las vistas se celebren en 2005, aunque Sadam Husein no sería enjuiciado en ningún caso hasta después de las elecciones, según los cálculos oficiales, que casi nunca se cumplen.

Una escapatoria comprometida

El papel de Alí Hasan al Majid, Alí el Químico, y el del último ministro de Defensa de Sadam Husein, Sultan Hashim Ahmad, puede ser decisivo a la hora de determinar el destino que aguarda al tirano depuesto el 9 de abril de 2003.

Ambos fueron acusados de organizar el uso de gases venenosos en la campaña Anfal, desatada contra los kurdos a finales de la década de los ochenta, cuando fenecía la guerra de una década contra el Irán del ayatolá Jomeini.

Según el estatuto del tribunal especial que les juzga, el cumplimiento de las órdenes dictadas por un superior no eximirá de responsabilidad a los presuntos genocidas, "pero podrá ser considerado un atenuante", lo que probablemente sólo valdría a estos dos baazistas para evadir la pena de muerte, aplicable en Irak tras un breve periodo en que se mantuvo suspendida por el ex administrador civil de Irak Paul Bremer.

Por el contrario, la norma que rige el funcionamiento del tribunal establece que un comandante o un dirigente "es responsable de los actos de sus subordinados si conocía o tenía razones para conocer que éstos iban a perpetrar dichos actos, o si sabía que los ejecutaron y el superior fracasó en tomar las medidas necesarias para impedir dichos actos...". No parece que Sadam Husein tenga siquiera la escapatoria del atenuante. Si Alí El Químico piensa en esta alternativa -echar la culpa al de arriba, en este caso a su primo, el dictador-, la prueba contra el sátrapa adquiriría consistencia, porque será difícil hallar pruebas documentales que no dejen margen a la duda. Sobre todo si la instrucción y el juicio se llevan a cabo tal y como pretende el actual ministro de Defensa de Irak, Hazem al Shalam, quien asegura que "no será un proceso largo" porque, a su juicio, existen evidencias suficientes y se cuenta con el testimonio de numerosos testigos. Los juristas discrepan. Y la volátil situación del país permite cualquier conjetura.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 19 de diciembre de 2004

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