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Madrazo flexibilizará los requisitos para que cobren las víctimas del franquismo

Los afectados acusan al consejero de usar en su contra argumentos de "la ultraderecha"

Javier Madrazo, consejero de Asuntos Sociales, empieza a dar su brazo a torcer en el enfrentamiento que mantiene con las víctimas de la dictadura franquista. El consejero anunció ayer la necesidad de abrir una nueva y tercera fase en el reconocimiento a estas víctimas en la que se habilitará otro plazo temporal para aquellas personas que "no hayan podido acceder a los documentos que acrediten la privación de libertad" que sufrieron en esa época. Esa exigencia era planteada tanto por la oposición como por las propias víctimas.

El consejero, de EB, aseguró que actuará dialogando con las asociaciones que representan a aquéllas. "No le creemos. No han tenido ninguna disponibilidad para recibirnos", le replicó ayer mismo el historiador, Mikel Urkijo, portavoz de Geureak-1936, la principal asociación que agrupa a las víctimas vascas de la dictadura.

En segundo lugar, Madrazo mostró su voluntad de remover, hablando con la vicepresidenta del Gobierno central, María Teresa Fernández de la Vega, o con iniciativas en el Congreso y el Senado, el criterio restrictivo de 1992 sobre los batallones disciplinarios de soldados de trabajadores, aplicado por el departamento para denegar miles de solicitudes. Según ese criterio, impuesto por el anterior Gobierno socialista, aunque no es una normativa con rango de ley, el tiempo pasado en esos batallones no es computable como pérdida de libertad. La utilización mimética de esos criterios ha llevado a Geureak a culpar a Madrazo por estar denegando las compensaciones usando "los argumentos de la ultraderecha europea, que ningunea la crudeza de los trabajos forzados en la represión franquista".

Toda la oposición exigió al Gobierno vasco en el Parlamento el 25 de junio pasado que modificase el decreto de noviembre de 2002 sobre las víctimas ante el fracaso y la indignación que había supuesto la "imprevisión" del departamento. El consejero se mueve ahora lentamente en esa dirección.

Asuntos Sociales ofreció ayer los últimos datos sobre los recursos de alzada interpuestos por los afectados contra la denegación de las compensaciones que pedían. De las 8.718 solicitudes presentadas, el Ejecutivo denegó las ayudas a 6.152 peticionarios. De ellos, según informo ayer Madrazo, 2.320 presentaron un recurso ante el propio departamento, que ha aceptado, parcialmente en algunos casos, los argumentos expuestos por 536 personas, desestimando las otras 1.784 reclamaciones. En total, las ayudas van a llegar a 3.064 personas por un importe global de 24.910.200 euros.

Supone la cifra más alta de compensaciones pagadas en toda España, pero "han llegado a menos personas", según criticó ayer Urkijo, con el agravante de que las ayudas para los casos aceptados ahora por la consejería, muchos de ellos personas que cuentan más de 90 años, no se acabarán de pagar hasta el próximo mes de febrero. De hecho, por el momento sólo se han pagado poco más de un millón de euros de los 4.106.400 que va a abonar el Gobierno vasco en esta segunda tanda.

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Como recuerdan los familiares de las víctimas, todas las semanas aumenta la lista de fallecidos entre los represaliados por el franquismo. Pese a la avalancha de críticas que le han llegado de toda la oposición y de las víctimas, Madrazo volvió ayer a endosar la responsabilidad de la situación a las "carencias e inoperancia del PP y del PSOE", que no hicieron nada por las víctimas de la dictadura mientras tuvieron responsabilidades de gobierno. Geureak restó ayer credibilidad a los compromisos e incluso a los datos facilitados por Madrazo, que consideró "sesgados".

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