Unanimidad en el Congreso para perseguir las ablaciones practicadas en el extranjero

El Congreso acordó ayer por unanimidad tramitar una proposición de CiU para convertir la ablación en un delito extraterritorial, de forma que sea perseguible cuando se cometa más allá de nuestras fronteras por residentes en España. El pacto parlamentario "completa la legislación vigente", recordó la diputada de CiU Mercedes Pigem, y "cierra la puerta a cualquier zona de impunidad". "Este delito suele practicarse en los periodos de vacaciones a los países de origen", añadió. El acuerdo, que ahora inicia su trámite parlamentario, implica modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

"No se pretende demonizar ni estigmatizar a la población inmigrante ni a ninguna cultura", declaró Pigem, encargada de presentar la proposición de ley. "Las niñas tienen derecho a librarse de esta práctica contra la libertad de las personas. Frente a este derecho no hay diversidad que valga", precisó, después de recordar que ninguna religión exige esta forma de violencia en países de confesión musulmana, animista e incluso cristiana. "Eliminarlo exige medidas complementarias y educativas, pero el reproche penal también conlleva una función pedagógica, ya que los que la efectúen fuera saben que a la vuelta tendrán problemas", añadió.

El acuerdo implicará modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial añadiendo un nuevo apartado a la lista de delitos cometidos por españoles y extranjeros fuera del territorio nacional sobre los que la justicia española se declara competente (como genocidio, terrorismo o corrupción de menores). Ahora mismo la ablaciónes considerada un delito de lesiones y puede acarrear penas de hasta 12 años.

Entre 120 y 135 millones de mujeres han sido víctimas de esta forma de tortura en el mundo. Cada año, dos millones más de niñas y mujeres se encuentran en riesgo de engrosar esta brutal estadística. A estas cifras, desgranadas por las representantes de IU-Verdes y ERC, se sumó la estimación de que seis mil niñas y mujeres sufren esta práctica diariamente, aportada por el grupo popular. El representante socialista apoyó estos argumentos con una recorrido por la legislación internacional en la materia, tanto del Parlamento europeo como de las convenciones de la ONU (Francia y el Reino Unido ya consideran la ablación un delito extraterritorial) y destacó que no se trata sólo de "añadir un supuesto más al artículo 23.4 de la ley Orgánica del Poder Judicial sino una modificación compleja que debe hacerse con garantías".

Pigem recordó que erradicar esta práctica es una labor a largo plazo. "No siempre son los padres, sino las abuelas o algunas parientes las que imponen esta práctica que consideran legítima, ignorando las secuelas que comporta", agregó. ERC, a su vez, pidió que se conceda asilo a las mujeres huidas de su país por negarse a ser mutiladas.

Hace dos años un juez archivó la causa abierta por la ablación de cuatro hermanas residentes en Santa Cristina d'Aro porque se había hecho en Gambia y carecía de jurisdicción.