Las cosas como están
El Tribunal Constitucional ha despejado las dudas que le planteó el Gobierno hace poco más de un mes sobre la posible colisión entre la Constitución Española y el Tratado Constitucional europeo firmado en Roma el 29 de octubre pasado. El dictamen del Constitucional ha sido catégorico: no existe tal colisión, por lo que huelga cualquier reforma y son suficientes los mecanismos previstos en el artículo 93 de la Constitución, que prevé la autorización por ley orgánica de tratados internacionales, para ratificar la Constitución europea tras la celebración del referéndum consultivo previsto para el 20 de febrero.
Los ciudadanos españoles ya saben a qué atenerse cuando acudan a esa consulta. Se trata de una cuestión dictaminada por el órgano competente, por lo que tendría poco sentido que a partir de ahora siguiera alimentando el debate político, contribuyendo a crear incertidumbre. El dictamen del Constitucional no agota, en cambio, el debate jurídico y académico, como lo demuestra el hecho de que tres de sus doce magistrados han discrepado de la decisión mayoritaria y han formulado sendos votos particulares. En todo caso, debe valorarse positivamente que el dictamen vinculante del Constitucional esté apoyado por una sólida mayoría de nueve magistrados.
El Tribunal no encuentra contradicción entre la prevalencia normativa que la Constitución europea se atribuye en su artículo 1.6 sobre el derecho de los Estados miembros y el principio de supremacía de la Constitución Española sobre el resto del ordenamienro jurídicio, establecido en su artículo 9.1. Tampoco la observa en los artículos de ambos textos que configuran derechos y libertades fundamentales. Y a la pregunta sobre la hipotética reforma de la Constitución no se da respuesta, pues no hay nada que responder.
El hecho de considerar suficiente el artículo 93 para ratificar la Constitución europea implica que no sería necesario añadirle esa especie de cláusula de integración general del ordenamiento español en el Derecho Comunitario que aconseja el Consejo de Estado. En definitiva, el Constitucional considera que el nuevo Tratado europeo "si acaso simplifica y reordena en términos que hacen más preciso el alcance de la cesión del ejercicio de competencias verificada por España". Por lo que ha optado por dejar las cosas como están.
