Alemania pone en marcha una gran reforma de su sistema federal

Una comisión conjunta del Parlamento Federal (Bundestag) y del Consejo Federal (Bundesrat), que representa a los Estados federados, presentó ayer en Berlín el borrador de un proyecto de reforma del sistema federal alemán. La llamada comisión del federalismo ha trabajado más de un año bajo la dirección de los presidentes del Partido Socialdemócrata (SPD), Franz Müntefering, y de la Unión Socialcristiana (CSU), Edmund Stoiber.

El documento de 22 folios deja abiertos puntos importantes sobre los que se espera llegar a un acuerdo antes del fin de semana para poner en marcha la que se considera mayor reforma constitucional de la Alemania moderna. Tras superar los diversos obstáculos a través de las trochas y veredas legislativas, cuando se logre un proyecto definitivo, se procederá a una reforma constitucional que requiere una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. Llegado a ese punto, este requisito ya no sería un obstáculo porque ya se habrá llegado al necesario consenso previo de los partidos del Gobierno y de la oposición.

Las primeras reacciones al proyecto de reforma han sido críticas. Todo parece indicar que nadie quedará contento. Llama la atención la dura crítica del ex presidente federal, el democristiano Roman Herzog (CDU), un avezado jurista que fue presidente del Tribunal Constitucional. En declaraciones al diario económico Handelsblatt, Herzog dijo que el proyecto puede concluir en "un chasco" por no tratar cuestiones de dinero, y advirtió contra el riesgo de que "la montaña dé a luz un ridículo ratón".

La organización federal del Estado es una de las piezas básicas de la Alemania surgida de la II Guerra Mundial. El adjetivo federal forma parte del nombre oficial del país. El artículo 20º de la Constitución establece: "La República Federal de Alemania es un Estado federal democrático y social". Lo que durante muchos años constituyó una de las señas de identidad de la Alemania moderna, modelo de buen funcionamiento de un Estado federal, se ha transformado con el tiempo en una rémora a la hora de legislar. El mal funcionamiento del federalismo se ha convertido en la práctica en un obstáculo para dar respuestas legislativas capaces de adaptarse a los ritmos cambiantes de la política y la economía en una sociedad globalizada.

Procedimientos eternos

Las leyes que requerían la aprobación de las dos cámaras, Bundestag y Bundesrat, en los primeros tiempos de funcionamiento de la Constitución no llegaban a un 20%. Con el transcurso del tiempo, los tira y afloja entre el Gobierno federal y los Estados federados, más varias sentencias del Tribunal Constitucional, el porcentaje de leyes que hoy día tienen que superar los obstáculos de las dos cámaras se elevó hasta un 60%.

Esto supone procedimientos eternos: remisión de las leyes del Bundestag al Bundesrat con ida y vuelta, más una absoluta falta de transparencia. Todo ello se agrava porque, con mucha frecuencia, como ocurre ahora, en el Bundestag tiene mayoría el Gobierno federal, y en el Bundesrat, la oposición, que intenta bloquear los proyectos de leyes del poder Ejecutivo.

Para salir de esta situación se creó a mediados de octubre del año pasado la comisión del federalismo, para "elaborar propuestas para modernizar el orden federal con el fin de corregir la capacidad de actuar y decidir de la Federación y de los Estados federados, ordenar de forma más clara las responsabilidades políticas, así como elevar la utilidad y eficiencia en el cumplimiento de sus tareas".

Franz Müntefering (SPD) y Edmund Stoiber (CSU) presentaron ayer a las cúpulas de sus partidos las conclusiones de la comisión y existe el temor de que el resultado sea un parto de los montes. Parece que al menos se ha logrado que en el futuro reparto de competencias se reduzca de un 60% a un 40% el porcentaje de leyes que requieran la aprobación en las dos cámaras. No obstante, quedan cinco huesos duros de roer sobre los que se espera llegar a un acuerdo antes del sábado: legislación universitaria y de planificación educativa; marco legal para el medio ambiente; seguridad interior y competencias de los órganos policiales federales; cogestión de los Estados federados en las cuestiones europeas y responsabilidad ante las posibles sanciones de la Unión Europea.

Para dar una idea del alcance de lo que está en juego baste como muestra un punto en el que parece haberse llegado a un acuerdo. Se trata de incluir en la Constitución la responsabilidad en el caso de sanciones de la Unión Europea por incumplimiento del Pacto de Estabilidad. Según se ha difundido, el proyecto prevé que si la Unión Europea sancionara a Alemania con una multa por superar los límites del déficit público autorizado, el Gobierno federal pagaría el 65%, y los Estados federados, el 35%, del monto de la sanción.