Los nuevos horarios comerciales llegan a tiempo

La controvertida ley de horarios comerciales entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2005. El Gobierno del PSOE tenía ante sí el reto de plasmar en un texto uno de los debates económicos, sociales y políticos más enconados de la última década. La anterior normativa (Real Decreto Ley) en este aspecto, aprobada por el PP en el año 2000, establecía que el 1 de enero de 2005 se implantaría la libertad total de horarios comerciales si no se había aprobado antes otra norma. El PP no tenía previsto legislar sobre este aspecto si hubiera ganado las pasadas elecciones.

El Gobierno del PP, que ya defendió la libertad de horarios comerciales durante la tramitación de la Ley de Comercio entre los años 1994 y 1996 (la última legislatura incompleta del PSOE) argumentó en sus comparecencias parlamentarias que la libertad comercial generaría más empleo y más actividad económica. La Ley de Comercio que se hizo con letra y música de CIU, los socios políticos del PSOE entre 1994 y 1996, intentaba congeniar los intereses del pequeño y el gran comercio pero dejó abierto el enconado tema de los horarios.

El cambio de Gobierno el pasado mes de mayo ha propiciado una normativa más restrictiva que ha sido duramente criticada por los grandes almacenes y por el PP.

El texto, que ha contado con reticencias de los grupos de CiU y BNG en el Congreso y que luego pactaron el apoyo en el Senado, reconoce la plena libertad de horarios para los establecimientos que dispongan de una superficie de venta de menos de 300 metros cuadrados siempre que no pertenezcan a grandes cadenas de distribución.

No obstante, se dota a las Comunidades Autónomas de la potestad de incrementar o reducir esta superficie hasta un mínimo de 150 metros en el caso de los establecimientos de alimentación y consumo cotidiano.

Mínimo de ocho domingos

Para el resto de los establecimientos se fija en 12 el número de domingos y festivos de apertura al año. También se da potestad a las Comunidades Autónomas para incrementar o reducir estas aperturas, según las circunstancias del sector en cada uno de sus territorios sin que nunca puede ser inferior ocho domingos. Los domingos y festivos que se elijan por las Comunidades Autónomas deberán ser atractivos desde el punto de vista comercial. Si los gobiernos autónomos no regulan esta cuestión serán los propios comerciantes lo que lo hagan.

Sobre el horario global semanal de apertura el mínimo será de 72 horas y en caso de aperturas de domingos y festivos no se podrá restringir a menos de 12 horas.

El Gobierno considera que con este texto, que sustituye a las regulaciones transitorias de 1996 (Ley de Comercio ) y de 1996 (Real Decreto de liberalización comercial) da respuesta a una realidad comercial y social y amplía la libertad de las Comunidades Autónomas a su realidad concreta. Las estructuras comerciales son muy diferentes en las distintas comunidades autónomas y por ello el Gobierno ha optado por esta normativa.

Una vez que el texto ha sido aprobado los diferentes afectados han hecho su valoración. El secretario general de la Confederación Española de Comercio (CEC), Miguel Angel Fraile, ha elogiado el texto así como el acuerdo alcanzado entre el ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, y CiU para que este grupo retirara su veto en el Senado al proyecto de ley de horarios comerciales.

Fraile añadió que el mérito del acuerdo se lo reparten al 50% entre el Gobierno y CiU, porque ambos han cedido para alcanzar un consenso que beneficia al sector comercial en toda España.

Para la patronal de las grandes superficies (Anged) se ha perdido una gran oportunidad de liberalizar el sector y ello traerá la perdida de empleo. En la patronal Anged se esperaba que el PP ganara las elecciones del pasado mes de marzo y de hecho tenían preparadas las acciones a desarrollar para que el próximo 1 de enero hubiera libertad de horarios en todo el territorio nacional.

El Grupo Catalán, más restrictivo en este terreno, finalmente, ha aceptado que las autonomías puedan regular los horarios de los establecimientos con superficie de 150 metros cuadrados en adelante, y no de 120 metros cuadrados como pretendía en principio.