Las mancomunidades pedirán a la Diputación que agote las vías legales para hacer la incineradora

La Diputación de Guipúzcoa está dispuesta a intervenir con todos los instrumentos legales a su alcance para sortear el rechazo del alcalde donostiarra, el socialista Odón Elorza, a la construcción de una incineradora en terrenos de San Sebastián, si así se lo solicitan las mancomunidades. De ser así, la institución foral podría asumir la tramitación urbanística de la planta de combustión acogiéndose a la ley de medidas urgentes de ordenación urbana, que habilita a la Diputación para aprobar planes especiales que incluyan infraestructuras de carácter supramunicipal.

Las siete mancomunidades de Guipúzcoa -todas excepto la del Txingudi, que está tramitando actualmente su propia instalación- tienen previsto solicitar en próximas fechas a la Diputación que convoque una reunión extraordinaria de la Comisión de Seguimiento del Plan de Residuos Urbanos de Guipúzcoa, el órgano institucional que en julio pasado eligió el emplazamiento de Aritzeta, en el término municipal donostiuara, para levantar la incineradora provincial. En dicha reunión, además de analizar la situación surgida tras la dimisión del peneuvista Román Sudupe como presidente de la Mancomunidad de San Marcos, que incluye a San Sebastián, los máximos responsables de los entes supramunicipales podrían reclamar a la Diputación que encabece con todas las consecuencias la tramitación urbanística del proyecto.

Esta posibilidad figura entre los acuerdos adoptados por la citada comisión de seguimiento el pasado 1 de julio. Las mancomunidades, la Diputación y los alcaldes de los ocho municipios seleccionados para acoger la planta de combustión -incluido Elorza-, firmaron ese día "solicitar a la Diputación que, en representación de las entidades integradas en la comisión de seguimiento, asuma el impulso de la tramitación de los expedientes urbanísticos y administrativos necesarios para la materialización de la decisión que se adopte".

Las mancomunidades, que tienen delegadas todas las competencias en materia de gestión de residuos, quieren salvar como sea la situación de bloqueo que sufre el proyecto tras la negativa de Elorza a construirla en su término municipal. Al alcalde donostiarra le recuerdan que todas las instituciones comprometidas en la propuesta de la incineradora para Guipúzcoa acordaron a comienzos de junio pasado, un mes y medio antes de elegirse la ubicación de Aritzeta, que ningún municipio ni mancomunidad podría vetar la decisión final.

El regidor donostiarra ha reiterado en numerosas ocasiones que el proceso de elección del emplazamiento no ha sido democrático ni transparente, y considera que ubicar la planta en Aritzeta impedirá la expansión urbanística de la ciudad en el entorno del barrio de Igara.

Como ya expresó de forma implícita recientemente la Diputación en una nota oficial, está dispuesta a asumir el liderazgo del proyecto de la incineradora, el Departamento para la Sostenibilidad está dispuesto a emplear todas las fórmulas legales a su alcance para tramitar la construcción de la planta al margen de los permisos municipales donostiarras. Entre estas opciones figura la ley 5/1998, de Medidas Urgentes en Materia de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, que permite a la Diputación la aprobación de "planes parciales y especiales de ámbito supramunicipal de no mediar acuerdo entre los municipios afectados". Esta ley de medidas urgentes en materia urbanística fue utilizada, entre otros casos, para construir la comisaría de la Ertzaintza de Oiartzun o el polígono industrial Apatta Erreka, en Leaburu.

En el seno del Gobierno foral confían en que esta solución no sea necesaria en el caso de la incineradora provincial y que, antes de acudir a esta vía, se alcance un consenso entre todas las instituciones implicadas, incluido el consistorio donostiarra. El Ejecutivo foral recuerda que la elección de Aritzeta cuenta con el apoyo de todas las mancomunidades de la provincia y ha sido refrendada por todos los partidos políticos (PNV, EA, PSE-EE y Partido Popular), salvo EB y Aralar, que se muestran contrarios a la incineración.

Las mancomunidades y la Diputación consideran que urge resolver el problema de las basuras en Guipúzcoa ante el inminente cierre del vertedero de San Marcos, donde actualmente se depositan las basuras de la capital provincial y de nueve municipios de su entorno. Esta mancomunidad ya ha aprobado sacar a licitación la clausura de la primera fase del vertedero y calcula que estará definitivamente colmatado dentro de dos años. Sin embargo, algunos estudios técnicos admiten la posibilidad de alargar la vida de este vertedero hasta finales de 2007, aunque los alcaldes de los municipios próximos al basurero no están dispuestos a prolongar la actividad de esta infraestructura más allá de 2006. Así se han pronunciado en varias ocasiones tanto el alcalde de Rentería y secretario general de los socialistas guipuzcoanos, Miguel Buen, como la alcaldesa de Pasaia, la también socialista Izaskun Gómez.