Más allá de la ley

Silvio Berlusconi emergió ayer nuevamente indemne de la más comprometida de su cascada de citas con los tribunales desde que saltó a la arena política, hace una década. El tribunal que juzgaba al primer ministro italiano ha concluido que sobornó a un juez en 1985, en un caso relacionado con la compra de una compañía estatal de alimentación, pero el delito ha prescrito. Uno de los ejecutores de la operación, su brazo derecho, Cesare Previti, fue condenado en su día a 11 años de prisión. Los jueces han absuelto también a Berlusconi de otro cargo de cohecho, con lo que cae el telón sobre un proceso que ha durado cinco años y que, como otros anteriores, amenazaba su triunfal carrera política, pese a que Il Cavaliere había anunciado previamente que en caso de resultar convicto recurriría y que no tenía intención de dimitir.

Berlusconi ha hecho frente a numerosos procesos e investigaciones por corrupción relacionados con sus múltiples negocios desde que entró en política. Una tras otra, las sentencias de culpabilidad fruto del celo de fiscales y jueces han sido revocadas en apelación o por considerarse prescritos los delitos probados. Es un triunfador judicial. Pero existe un hecho crucial común a los encontronazos con la ley del jefe del Gobierno de Italia. Éstos no se han resuelto por la propia dinámica de una justicia ejercida sin presiones, sino exactamente por lo contrario. Berlusconi ha actuado para cambiar las reglas de juego, ha amenazado al poder judicial, ha intentado el traslado de jurisdicciones y ha llegado a aprobar una ley para que él mismo, como primer ministro, y alguno de sus más estrechos colaboradores, gocen de inmunidad en el ejercicio de su cargo. En definitiva, ha explotado su mayoría parlamentaria para colocarse fuera del alcance de la ley.

La nueva absolución de Berlusconi, más allá de la capacidad de un político en ejercicio y magnate supremo para sobrevivir a la aplicación de la justicia, obliga a preguntarse por otro tipo de rendición de cuentas: la que se produce ante los ciudadanos, ante una opinión pública por otra parte condicionada por los medios informativos propiedad de y al servicio de Il Cavaliere.

Se trata de discernir si un personaje investigado hasta la náusea y acusado por la fiscalía de perjurio, blanqueo de dinero, falsificación de documentos o soborno de jueces puede representar dignamente a un país de la Unión Europea. El caso Berlusconi representa probablemente el epítome de la riqueza ilimitada utilizando el poder político para seguir creciendo y a la vez para protegerse de la justicia, incluso mediante la elaboración de nuevas leyes y regulaciones en beneficio propio. Como tal, significa un abuso lamentable de la democracia.