Cohesión social y proyecto nacional

El Gobierno de la Generalitat está impulsando un conjunto de políticas sectoriales que persiguen una mayor cohesión social y territorial de Cataluña. Los presupuestos de 2005 son un buen reflejo de ello. Las partidas que podríamos calificar de sociales se han incrementado sustancialmente, al igual que las inversiones en infraestructuras y equipamientos en el conjunto del país. No podía ser de otra manera. Actualmente, en toda Europa, la mayoría de los gobiernos comparten la misma inquietud por mantener y mejorar la cohesión social. El proceso de globalización acelera e intensifica las transformaciones económicas, las cuales nos enfrentan a nuevas realidades. Realidades como la hasta cierto punto inevitable deslocalización industrial, el mayor peso relativo que va adquiriendo un sector terciario muy diversificado y en permanente reconversión, el acceso desigual de los distintos estratos sociales a las nuevas tecnologías de la información y la formación, y la recepción de una inmigración masiva de procedencias culturales y religiosas muy variadas.

"Es necesario promover símbolos y valores cívicos que puedan ser compartidos por la gran mayoría de los ciudadanos"

"Construcción nacional catalana y cohesión social son para nosotros dos caras de una misma e ineludible tarea"

Si, como postula cierto liberalismo derechista, los gobiernos renunciásemos a intervenir, la acción espontánea y combinada de todos estos factores de cambio no solamente provocaría el surgimiento de nuevas formas de exclusión, sino que incluso podría llegar a generar conflictos en los que se entremezclasen peligrosamente los agravios económicos con las creencias y los prejuicios culturales y religiosos. Si esto se llegara a producir, se resquebrajaría la convivencia democrática, lo cual paralizaría durante un largo periodo el avance democrático de nuestra sociedad.

Para prevenir este escenario nada deseable sólo cabe adoptar políticas eficaces que promuevan el bienestar y la cohesión social. O sea, políticas a favor de la calidad de vida para la mayoría, de la igualdad de oportunidades para todos, de la extensión efectiva de los derechos y deberes democráticos a la totalidad de los ciudadanos, sin discriminaciones. Sin embargo, esta orientación social de la política, aunque necesaria, no es suficiente. No basta con ofrecer servicios, asegurar los derechos y hacer respetar las normas. Es necesario también promover símbolos y valores cívicos que puedan ser compartidos por la gran mayoría de los ciudadanos y que formen un código común difuso que, por encima de las particulalidades étnicas, religiosas e ideológicas, aliente la solidaridad y actúe así como el cemento cohesivo de todo el edificio social.

Como propone Jacques Attali en su sugerente ensayo La voie humaine, pour une nouvelle social-démocratie (Fayard, 2004), todo Gobierno progresista debería "repensar la nación" y plantearla como un proyecto de vida en común. Según este colaborador de Mitterrand, sólo impulsando un proyecto nacional coherente, que fortalezca la realidad lingüística y cultural de cada país, puede conseguirse el objetivo de "mejorar el clima relacional" de la sociedad, de manera que sea factible la incorporación de las aportaciones enriquecedoras de la diversidad, evitando así el peligro de la disgregación. Y ésta es, según él, la única vía para avanzar hacia un nuevo modelo social, más justo y humano, que constituya una alternativa a lo que denomina "la sociedad de mercado", una extralimitación perversa de la economía de mercado.

El Gobierno de la Generalitat trabaja en una dirección similar, que es la que nos marca el programa contenido en los acuerdos del Pacte del Tinell. Por esta razón hemos profundizado en las políticas sociales al mismo tiempo que hemos dado un impulso a las políticas de lingüísticas, culturales y hasta, si así se quiere llamarlas, simbólicas de construcción nacional, como en el caso de las selecciones deportivas catalanas.

Es sintomático que durante este primer año algunas voces críticas hayan acusado al Gobierno de la Generalitat de "desnacionalizar" Cataluña, mientras que otras nos han achacado todo lo contrario, por haber supuestamente primado las políticas de construcción nacional en detrimento de las sociales. ¡Como si una cosa y la otra fueran incompatibles! Tal debate y tal dilema, más bien bizantinos, no se plantean en el seno de la sociedad ni del Gobierno. Un Gobierno, por cierto, que se autocalifica de "catalanista y de izquierdas". Obsérvese que, entre los dos términos, no figura una o, que separa y opone, sino una y, que une y suma. Porque construcción nacional catalana y cohesión social son para nosotros dos caras de una misma e ineludible tarea.

Josep Bargalló Valls es conseller en cap de la Generalitat.