El PSE ofrece pactar la ley de Suelo si Vivienda acepta cambios sustanciales

El proyecto de Ley de Suelo y Urbanismo salvó ayer su primer envite parlamentario al superar el debate de las dos enmiendas a la totalidad, lo que le permitirá seguir su tramitación en la Cámara. La abstención socialista resultó decisiva, ya que PP y Sozialista Abertzaleak (SA) votaron a favor de la devolución de texto al Gobierno, pero sin el apoyo del PSE se quedaron en minoría frente al tripartito. El PSE ofreció un acuerdo a los socios de Gobierno para aprobar la ley siempre y cuando accedan a introducir modificaciones sustanciales en el actual proyecto.

El portavoz socialista, Jesús Loza, dejó claro que el precio que va a tener que pagar el tripartito para sacar adelante la ley va a ser alto. "Prefiero que no haya ley, a que exista una ley mala", resaltó. El hecho de que el proyecto siga adelante, superando las enmiendas a la totalidad del PP y el grupo de la ilegalizada Batasuna, no le garantiza el éxito. "Si no hay cambios sustanciales, el PSE no aprobará el dictamen final", anunció Loza. En ese caso, el tripartito quedaría a merced de la oposición, que suma 38 escaños frente a los 36 de PNV, EA y Ezker Batua, partido este último que controla Vivienda.

El PSE ha presentado 100 enmiendas parciales al texto y considera innegociables dos cuestiones: una mayor autonomía para los ayuntamientos y la construcción de más viviendas protegidas. Los socialistas proponen que se incremente la reserva de suelo para pisos protegidos del 70% -cifra planteada por Vivienda en el proyecto de ley- al 75%. Dentro de esa horquilla, el PSE es partidario de conceder autonomía a cada ayuntamiento para que decida qué porcentaje debe ser ser exclusivo para pisos protegidos y cuál para viviendas tasadas. "No se puede imponer a todos los municipios la misma tasa. Cada uno tiene sus particularidades", recalcó Loza.Los portavoces en el debate de SA, Joseba Permach, y del PP, Antón Damborenea, fueron mucho más críticos en sus apreciaciones. Permach se quejó de que el texto remitido por el Gobierno deja en manos de la iniciativa privada, a través de la figura del agente urbanizador y edificador, la promoción de la vivienda pública. También abogó por un planteamiento "radical" que dé prioridad al carácter social del suelo. Entre otras medidas, el grupo de Batasuna propone la creación de un banco público de suelo y sacar a la venta las viviendas que se encuentren vacías.

Pisos más caros

El PP descalificó el proyecto con argumentos justamente opuestos a los expresados por SA. Antón Damborenea criticó el "afán intervencionista" del Ejecutivo autónomo, al que acusó de vulnerar competencias de los ayuntamientos, del Estado y hasta de los ciudadanos, en alusión a los dueños de los suelos. "Se disparará el precio de la vivienda libre", alertó.

Los socios del tripartito cerraron filas en torno al texto de la consejería que dirige Javier Madrazo. El representante de EA, Pablo Larrauri, admitió que es "dudoso" que la futura ley de Suelo pueda abaratar el precio final de la vivienda, pero al menos supone un intento para conseguir ese objetivo. "Lo que está claro es que hasta ahora ninguna de las leyes estatales lo ha conseguido", apuntó. El propio tripartito ha planteado 25 enmiendas parciales con la idea de mejorar el texto, entre las que destaca aumentar el aprovechamiento del suelo para levantar más casas de las que prevé el proyecto.

El hecho de que el PSE no haya presentado una enmienda de totalidad y su previsible abstención hizo que el presidente de la Comisión de Ordenación del Territorio, el peneuvista Rafael Uribarren, se decantara por un sistema de votación conjunto para las dos enmiendas a la totalidad de PP y SA, consciente de que la suma de sus votos sería inferior a la del tripartito. Ambas enmiendas rechazan el proyecto por cuestiones diametralmente opuestas. En cambio, éste mismo es el argumento utilizado por el presidente del Parlamento, Juan María Atutxa, para separar la votación de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos durante su debate en pleno, lo que le garantiza al tripartito que su proyecto saldrá adelante.