El Congreso reforma el nombramiento de jueces con la oposición radical del PP

La reforma de la Ley del Poder Judicial para ampliar a tres quintos los votos necesarios en la elección de los magistrados del Tribunal Supremo y de los presidentes de los tribunales superiores ha quedado aprobada por fin en el Congreso. Una amplia mayoría de 194 votos de todos los grupos frente a 137 del PP consiguió sacar adelante el proyecto con carácter orgánico después del fiasco del 25 de noviembre, cuando sólo consiguió 169 de los 176 que exigía la mayoría absoluta. En enero se nombrará a 10 de los magistrados a que afecta esta reforma. La peripecia más rocambolesca de esta legislatura ha dejado heridas políticas: el PP mostró en el debate de ayer una oposición radical y anuncia que bloqueará la renovación del Consejo del Poder Judicial.

Ignacio Astarloa, portavoz popular, anunció, dirigiéndose al Gobierno y al Grupo Socialista, que "ninguna renovación -escuchen señorías- del Consejo [General del Poder Judicial] contará con la voluntad del Grupo Popular hasta tanto no se vuelva a asegurar que la voluntad mayoritaria del cuerpo electoral compuesta por jueces y magistrados es respetada en forma efectiva, sin interferencias de ingeniería del poder político, como las que ahora se quieren aprobar por la mayoría de esta Cámara".

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, le replicó que el PP "no puede soportar que vaya a opinar la minoría sobre los nombramientos que [los populares] creen que son de su propiedad", porque "esta reforma pretende el fortalecimiento del consenso y el acuerdo a través del diálogo", y "sólo podrá oponerse quien cree que en la actual situación es donde puede realmente establecer su predominio, su hegemonía, quien puede realmente garantizar la manipulación del Consejo".

Los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial deben renovarse íntegramente en noviembre de 2006, 10 a propuesta del Congreso y 10 del Senado, y deben ser votados por mayoría de los tres quintos de cada una de las Cámaras, lo que exige el concurso inevitable del PP. Si la amenaza esgrimida ayer se mantuviese para entonces, la renovación sería inviable. Tras el anuncio tampoco parece posible sustituir ahora al actual ministro del Interior, José Antonio Alonso, que era vocal del Consejo hasta poco antes de las elecciones del 14 de marzo pasado.

López Aguilar, subió a la tribuna a defender el nuevo proyecto y se mostró convencido de que esta vez tendría éxito, entre otras cosas, dijo, "porque ya lo tenemos ensayado".

"Patraña incomprensible"

La repetición y el ensayo no impidieron que López Aguilar consumiese más de media hora en cantar las bondades de la reforma y rechazar los argumentos que viene manejando el PP, ni que a continuación Astarloa, en nombre del PP, pronunciase otro largo parlamento, de una radicalidad política poco frecuente en el hemiciclo.

Astarloa, que ocupó durante muchos años la jefatura de los servicios jurídicos del Congreso como secretario general y letrado mayor de la Cámara con presidencia socialista, ha conseguido ya en varias ocasiones, en su estreno como diputado, entusiasmar a su grupo parlamentario. Ayer, cuando acabó su primera intervención, los diputados del PP le dispensaron una ovación cerrada y larga, puestos en pie.

Las formas fueron correctas, pero el fondo, de pedernal: Astarloa calificó el procedimiento seguido de "indecente" y afirmó que en su tramitación se ha producido "el debate parlamentario más irregular, más espurio, de toda la historia parlamentaria española".

Astarloa arrancó advirtiendo de que el PP intervenía "en esta patraña incomprensible (...) por puro sentido de la responsabilidad ante los ciudadanos", y siguió con afirmaciones y calificativos de este calado: "Audaz inmersión en el tercermundismo más profundo"; "ya está este Gobierno en condiciones de llevarse por delante el poder judicial y, de paso, el poder legislativo"; "vamos a asistir a la firma del acta de defunción del talante y a la crisis más tonta, más gratuita, más descarnada y más irresponsable de nuestro sistema institucional". También aseguró que "se ha negociado contra el Partido Popular hasta arrollarlo y por eso están compartiendo las minorías este despropósito".

En otro momento, Astarloa asumió la que aparece como postura mayoritaria del actual CGPJ al decir que esta reforma "nace muerta porque se va a aprobar con la oposición rotundamente mayoritaria de sus destinatarios, que son además quienes deben aplicarla y quienes se sienten gravemente amenazados en su independencia".

Astarloa cerró su intervención con una andanada de este calibre: Con aquella primera tramitación "ustedes humillaban y deslegitimaban al poder judicial. Al sumar esta segunda en los términos en que lo han hecho han humillado y deslegitimado también al poder legislativo y han levantado todas las alarmas".

El ministro de Justicia respondió para calificar el tono de Astarloa de "apocalíptico, desaforado, grandilocuente y altisonante", y argumentó que los populares "se han opuesto tan encarnizadamente" a este reforzamiento de la mayoría para elegir a algunos magistrados porque "están muy satisfechos" con la mayoría "que viene funcionando como mayoría de hierro y como mayoría mecánica" en el CGPJ y "están muy satisfechos con su política de nombramientos". Los acusó también de hacer visible que el CGPJ actúa "como correa de transmisión y órgano auxiliar de una política de nombramientos" con la que el PP se identifica.

Gaspar Llamazares (IU) acusó al PP de "transformar la oposición política en desestabilización". Margarita Uria (PNV) afeó al Gobierno que la reforma aparezca "ligada a determinados nombramientos que se van a producir en breve", y Jordi Jane (CiU) logró introducir una enmienda por la que se exige al CGPJ que en sus nombramientos considere los principios de mérito y capacidad.