Impunidad

Jesús Gil llegó a Marbella echando a las putas de las calles y a los negros de vender en la playa. Para ello aumentó la plantilla de la Policía Local y puso a cada agente un Imperioso, con la condición de que el caballo no se cagara en el césped de las urbanizaciones de lujo que debían vigilar. Marbella se quedó libre de tironeros y camellos, mientras los políticos limpiaban los mojones que soltaban los caballos con las denuncias por irregularidades urbanísticas. En aquella época, a los pobres se les prometía una vivienda y se les daba un jamón por Navidad, para que lo más granado de la delincuencia internacional pudiera gastarse en el municipio, sin sobresalto alguno, el dinero robado en otros lugares. Esto permitió que la ciudad se recuperase. Ya no era sólo el refugio dorado de famosos decadentes y delincuentes con pedigrí. Traficantes de hachís a gran escala, integrantes de redes de explotación de mujeres, vendedores de armas y especuladores vinieron a la ciudad, donde el negocio turbio se blanqueaba en un sector emergente: la construcción. Desde la piscina y a través de sociedades radicadas en Gibraltar, se compraron bloques de apartamentos en suelo verde, chalés en zonas de equipamiento y hoteles en suelo rústico.

En Marbella, todo esto se vivía con cierta armonía. Los delincuentes hacían sus tropelías fuera y venían a la costa a descansar -la escopeta- y a lavar -el dinero negro-. La situación fue cambiando, sin que nadie actuara cuando los síntomas ya se advertían. Ahora, en Marbella hay bandas organizadas de delincuentes que vienen a la Costa del Sol a seguir lavando. Enjuagan los trapos sucios. Y lo hacen en plena calle, con sicarios que llevan fusiles de guerra. Que ajustan sus cuentas con disparos a diestro. Pero, especialmente a siniestro. Marisol Yagüe, la alcaldesa de Marbella, ha pedido la vuelta de la Guardia Civil. Hay razones que avalan la petición: la preocupante situación en materia de seguridad que sufre el municipio. Pero también que ocho de los 27 miembros de la Corporación, incluida la alcaldesa, tienen abiertos procedimientos judiciales por malversación, prevaricación o delitos contra la ordenación del territorio.

¿Hay alguien que discuta la necesidad de mandarles la Guardia Civil?