Bush presiona al 'ala dura' republicana para aprobar la reforma del espionaje
La ley prevé la creación de un coordinador para los 15 organismos de información
La Cámara de Representantes reanuda hoy sus sesiones con la incógnita de si la mayoría republicana logrará superar sus diferencias y aprobar la ley que reorganiza los servicios de información y crea el puesto de un zar de inteligencia. Un amplio grupo de los congresistas republicanos más conservadores se opone porque cree que el Pentágono perderá fuerza con la reforma. George W. Bush se está empleando a fondo para convencerles: "Hay que hacer todo lo necesario para enfrentarnos a la amenaza terrorista y derrotarla, y eso incluye la reforma de la inteligencia", dijo el presidente en la radio.
"El enemigo sigue tramando contra nosotros y EE UU debe responder urgentemente", añadió Bush en su intervención radiofónica semanal, y se comprometió a "trabajar con el Congreso para obtener un acuerdo sobre esta ley".
El texto, que se discutió entre septiembre y noviembre, recoge la mayor parte de las recomendaciones de la comisión que investigó el 11-S, entre ellas la creación de un centro de coordinación de la lucha antiterrorista y la figura de un superdirector de Inteligencia Nacional, por encima del director de la CIA y del resto de agencias. El nuevo zar de inteligencia se encargará de distribuir las prioridades y el presupuesto de la CIA y de los otros 14 organismos de información y espionaje que existen en Estados Unidos.
El objetivo es corregir los errores que el 11-S dejó al descubierto y racionalizar la información secreta. La ley otorga al nuevo director autoridad sobre todos los grupos y una capacidad presupuestaria para programas y operaciones nacionales y extranjeras que cubre el 75% de los 40.000 millones de dólares de presupuesto anual de espionaje, una cantidad aproximada, porque ese presupuesto es secreto y pertenece a Defensa. En Defensa seguirá, pero el nuevo director tendrá la autoridad sobre la mayor parte del gasto, y no el Pentágono, que pasará de controlar el 80% de ese presupuesto a un 25% destinado a operaciones tácticas de espionaje. Entre los tres organismos de información que actúan dentro de Defensa está la Agencia de Seguridad Nacional, que se encarga del espionaje internacional electrónico, pero, según la ley de seguridad de 1947, la responsabilidad del control de los satélites corresponde al director de la CIA.
Por razones distintas, dos destacados republicanos se oponen a la ley. James Sensenbrenner, presidente del Comité Jurídico de la Cámara, cree que debe incluir el refuerzo de la lucha contra la inmigración ilegal, y Duncan Hunter, que preside el Comité de las Fuerzas Armadas, teme que la reorganización altere la cadena de mando y perjudique el espionaje militar en los conflictos. Además, y de manera inesperada, un peso pesado como John Warner, presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, declaró el viernes que comparte algunas de las preocupaciones surgidas en la Cámara. En su mensaje, Bush trató de calmar a los que temen que la reforma debilite la capacidad militar: "Esta ley consolida la actual cadena de mando y mantiene las 15 agencias y organizaciones en sus actuales departamentos, aunque el director de la Inteligencia Nacional supervisará todos los esfuerzos para asegurar que el Gobierno puede encontrar y frenar a los terroristas antes de que actúen".
La ley está respaldada por el compromiso alcanzado en las dos Cámaras y por el apoyo demócrata, con lo que podría haber sido aprobada hace dos semanas. Pero Dennis Hastert, líder republicano de la Cámara de Representantes, impidió la votación porque no quería que quedara en evidencia la división existente en su partido. "Bush debería dejar claro a los líderes republicanos que en este asunto no debería haber espacio para politiquerías; tiene que acabar con los engaños y los retrasos y hacer que se apruebe la ley", reprochó el demócrata Bob Menéndez.
Pulso con los 'ultras'
En el pulso que la Casa Blanca mantiene con el grupo republicano más ultra del Congreso -aunque hay observadores que sugieren que el vicepresidente Dick Cheney contempla con simpatía las posiciones más duras que bloquean la reforma- se pone a prueba la fuerza de Bush en el arranque de su segundo mandato, en el que ha prometido un programa de cambios que no podrá llevar a cabo con rebeliones en sus filas. El problema es que el presidente ya no tiene que ser reelegido, a diferencia de los congresistas, con lo que pueden tener distintos intereses de futuro. A favor de Bush debería contar el cambio de posición del general Richard Myers, número uno de las Fuerzas Armadas, que dijo el jueves que sus preocupaciones sobre la ley habían quedado resueltas. Los familiares de las víctimas del 11-S, que también presionan para que se apruebe la ley, planean una vigilia frente a la Casa Blanca.
En caso de que no se resuelva el problema, el próximo Congreso, que abre sus sesiones el 4 de enero, deberá discutir la ley desde el principio, con lo que la reforma de los servicios de información sufriría un aplazamiento.
![George W. Bush y el presidente paquistaní, Pervez Musharraf, el viernes en el Despacho Oval de la Casa Blanca.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/FMQZCY4BB43NH5RNOXMRIECVTY.jpg?auth=29bbbb41165b2916704119f63144fac6c8de60170ff90486a262bc4e48a31f87&width=414)
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