Reportaje:LA INMIGRACIÓN, POR DISTRITOS | Puente de Vallecas

De magistrado a refugiado

Francisco espera que se le conceda asilo político por estar amenazado de muerte en su Colombia natal

Acorralado por la guerrilla, torturado por la mafia, vendido en manos de los capos del narcotráfico colombiano... Así se ve una noche sí y otra también Francisco (nombre ficticio). Pero sólo en sueños. Cuando abre los ojos recobra la tranquilidad, aunque reconoce que el miedo nunca le abandona. A sus 49 años, este colombiano de una pequeña localidad del valle del Cauca, en el suroeste de Colombia, ha pasado de ser un magistrado estrella responsable de juzgar los delitos más graves, como los relacionados con el narcotráfico y las actividades paramilitares y de la guerrilla, a esperar conseguir la condición de refugiado en España.

Francisco ya no viaja en coche blindado, ni tiene escoltas, ni una gran casa objeto de envidia de los vecinos. Tampoco tiene un despacho en un gran edificio. Ahora se mueve en metro a todos sitios y ocupa una pequeña habitación en el Centro de Acogida de Refugiados que el Imserso tiene en Puente de Vallecas. Allí comparte alojamiento con otros 96 extranjeros, y espera con ahínco a que el Ministerio del Interior lo declare refugiado, para "comenzar de nuevo en la mitad de la vida".

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Donde perduran las raíces

Por este centro han pasado ya más de 2.000 personas desde 1987, según el director Julián Zamora. Sudaneses, nigerianos, iraníes, todos huían de las persecuciones en sus países de origen (o al menos así lo declaraban al Ministerio del Interior), y el centro de acogida se convertía en su hogar hasta que se aceptaba o no su condición de refugiado. Hasta entonces pueden pasar "entre seis meses y un año", explica Zamora, que mientras tanto se ocupa de proporcionar "ayuda para desarrollar las habilidades de los refugiados para facilitar su integración sociolaboral".

Una ayuda destinada a personas con escasa o ninguna preparación cualificada, lo que no se da en el caso de Francisco. Relata que tuvo que "escapar" de su país a finales de 2003 porque no tenía otra salida: tanto él como su familia estaban amenazados de muerte. Su cargo de magistrado y su potestad para dictar sentencias lo situaban en el ojo del huracán y en el objetivo de muchos sicarios. De su voluntad y juicio dependían buena parte de los encarcelamientos entre narcotraficantes y guerrilleros. "Y esa gente busca venganza", apunta con profunda tristeza.

"Era muy difícil soportar tanta presión. Teníamos que dictar las sentencias sin que figurara nuestro nombre debido a las importantes repercusiones de los asuntos que se juzgaban", explica. "Era muy peligroso porque la guerrilla, los secuestradores, los extorsionadores... Todos tenían a gente infiltrada en el sistema jurídico".

Pero, a pesar de todas sus precauciones, su nombre apareció en la prensa a finales de los años noventa. Comenzó así su calvario y tuvo que abandonar su trabajo, y con él a su escolta y todas las medidas de seguridad que lo rodearon durante años. "Sin el trabajo y sin la seguridad estaba desasistido, más cuando empezaron las amenazas contra mí y mi familia", recuerda, sin poder contener su sensación de impotencia. En ese momento también se rompió la relación con su pareja: "No podía soportar tanta presión".

Francisco se vio obligado a vender casi todas sus posesiones: una finca cafetera en su ciudad natal, una gran casa en la capital, un apartamento en Cali, y así hasta casi todas sus pertenencias. "Hice hasta un mercadillo con objetos de valor en el garaje de mi casa", recuerda.

Sin embargo, habla del dinero sin preocupación. "Nunca me había pasado por la imaginación que yo pudiera vivir en un centro de refugiados, teniendo en cuenta la posición que ocupaba en mi país", dice Francisco sin prepotencia ni resentimiento. Para él, la estabilidad económica que busca la mayoría de los inmigrantes es secundaria: "Los refugiados somos los inmigrantes peor parados porque no estamos aquí por voluntad propia. Soy consciente de que tengo que empezar de cero: no te queda otra", dice.

Lucha día a día por que le convaliden su carrera en España, por conseguir un empleo en cualquier bufete de abogados, por formarse en la hostelería, para cambiar su empleo actual: 12 horas diarias como vigilante nocturno. "Anhelo que llegue el día en que pueda trabajar aquí de lo mío [abogado] y construir poco a poco mi futuro", suspira Francisco.

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