El juicio contra Berlusconi por sobornar a jueces queda visto para sentencia

El juicio contra Silvio Berlusconi quedó ayer visto para sentencia. Los abogados del presidente del Gobierno italiano tuvieron la última palabra y reclamaron la absolución de su cliente, "un hombre bueno que ha hecho mucho por su país, como empresario y como político". Los fiscales habían pedido, en su alegato de tres semanas atrás, ocho años de cárcel e inhabilitación a perpetuidad. Sobre Berlusconi pesaba la acusación de sobornar a varios jueces. Cesare Previti, ex ministro de Defensa y uno de sus principales colaboradores, ya fue condenado a 11 años por ese delito.

El juicio, que concluyó ayer, y cuya trascendental sentencia debería hacerse pública el próximo día 9, tenía que haber terminado hace un año. En aquella ocasión, sin embargo, sólo Previti y dos jueces se sentaban en el banquillo de los acusados. Berlusconi había sido excluido temporalmente del sumario, gracias a una ley de inmunidad aprobada por su Gobierno y su mayoría parlamentaria. Pero la ley fue rechazada poco después por el Tribunal Constitucional y el juicio recomenzó, con un solo protagonista: el hombre más rico y poderoso de Italia.

El abogado Niccoló Ghedini, uno de los más prestigiosos del país, actuó en el Palacio de Justicia de Milán como si no existiera la sentencia anterior y afirmó que todo el sumario se basaba en "simples sospechas y conjeturas", utilizadas por unos fiscales "movidos por prejuicios políticos" para convertir en "una tragedia" la vida de "un hombre bueno".

Los hechos arrancaban del lejano 1985, cuando Berlusconi era sólo un gran empresario, todavía no el más importante, y el IRI, equivalente al Instituto Nacional de Industria español, desarrollaba un programa de privatizaciones. Una de las joyas de la corporación pública (presidida entonces por Romano Prodi) era SME, un holding alimentario que, además de ser rentable, guardaba grandes fondos en tesorería. SME fue adjudicada a Carlo de Benedetti, pero Berlusconi (impelido, según él, por su protector, el presidente del Gobierno Bettino Craxi) recurrió ante los tribunales y logró una nueva adjudicación, que benefició esta vez a las sociedades Barilla y Ferrero. De Benedetti, que pide ahora una indemnización de 4.500 millones de euros, se querelló contra Berlusconi. Y comenzó una larga investigación que arrojó, con los años, resultados asombrosos.

Se descubrió, por ejemplo, que en 1991 una cuenta anónima del juez Renato Squillante, abierta bajo el código "Rowena", recibió 434.404 dólares de otra cuenta suiza, codificada como "Mercier", propiedad del abogado Cesare Previti, mano derecha de Berlusconi en el Grupo Fininvest. Previti había recibido a su vez esos 434.404 dólares de otra cuenta suiza llamada "Polifemo". El seudónimo "Polifemo" correspondía al propio Silvio Berlusconi, quien, según reconocieron los abogados de Fininvest, la utilizaba para sus "necesidades personales". Los jueces consideraron probado, por esos y otros hechos (los documentos del sumario pesan varias toneladas), que Squillante y otro juez, Vittorio Metta, recibieron dinero de los dirigentes de Fininvest para apoyar a la empresa en sus pleitos legales. Como el que permitió a Berlusconi hacerse con la editorial Mondadori, de nuevo en competencia con su archienemigo Carlo de Benedetti. Squillante fue condenado a ocho años y medio. Metta, a doce años.

Razonamiento lógico

Una vez Berlusconi perdió su inmunidad, los fiscales Gherardo Colombo e Ilda Bocassini construyeron la acusación del nuevo juicio en base a un razonamiento lógico: si un tribunal ya condenó a Previti por corruptor y a los dos jueces por corrompidos, también habría que condenar a la persona que puso el dinero y que, a la vez, fue la principal beneficiaria de las ayudas ilegales que proporcionaban los magistrados.

Contaban, adicionalmente, con algunos pasos en falso de Berlusconi cuando, el 17 de junio de 2003, prestó una arrogante declaración ante el tribunal del juicio anterior.

El jefe del Gobierno afirmó que nunca había sido juzgado por Squillante. Y mintió. El 24 de mayo de 1984, Berlusconi, imputado por haber instalado sin permiso un repetidor de televisión, fue interrogado por el juez Squillante. Su defensor en aquel asunto, del que salió bien librado, fue Cesare Previti.