Emboscadas del PP

Los diputados del PP abandonaron ayer el Pleno del Congreso tras la votación en favor del procedimiento de lectura única para la reforma del sistema de elección de los jueces. Culmina así una escalada que partió de la pérdida de la votación sobre el mismo proyecto, por ausencia de 18 diputados del PSOE, y que ha continuado con otros episodios en los que el PP ha ensayado la política obstruccionista que anunció en represalia por las declaraciones del ministro Moratinos. El resultado es un envenenamiento de las relaciones políticas que tiene poco que ver con la realidad española, pero que, si se empeñan, acabará contagiándose a la ciudadanía.

El PP justificó su salida por la negativa del presidente del Congreso, Manuel Marín, a conceder la palabra a su portavoz, Eduardo Zaplana, instantes antes de la votación. Seguramente se equivocó Marín, porque el Reglamento de la Cámara contempla la posibilidad de pedir la palabra en cualquier momento siempre que sea en relación a la observancia del propio reglamento. Según el PP, quería alegar que no se había cumplido la exigencia de publicación del texto del proyecto 48 horas antes de la votación, y no había habido unanimidad en la Junta de Portavoces para salvar ese requisito por razones de urgencia.

No es que parezca un galimatías: lo es. En otras condiciones habría habido un acuerdo: Zaplana habría insistido en su derecho a hablar en lugar de ordenar a los suyos abandonar el Pleno. Y Marín habría buscado una solución, atrasando 24 horas la votación. Pero han coincidido las prisas del PSOE por aprobar la reforma a tiempo para que se aplique en los nombramientos de magistrados del Supremo, por un lado, con la táctica abiertamente obstruccionista del PP, por el otro. Esto último no sólo para retrasar la reforma, sino para escenificar su ruptura de relaciones con la mayoría. En todo caso, es inexplicable que el Gobierno no extreme el exquisito cumplimiento de las normas reglamentarias para evitar darle argumentos al PP.

Zaplana acusó ayer al Gobierno de poner bajo sospecha a los magistrados que se elijan por el nuevo sistema "sin haber respetado el procedimiento". Pero lo mismo podría ocurrir si la elección hubiera de realizarse por el viejo procedimiento merced al obstruccionismo del PP. Unos y otros no pueden someter a los ciudadanos al espectáculo de tirarse el reglamento a la cabeza y están obligados a ponerse de acuerdo para evitar el descrédito de la justicia, pero también de la política. El PP anda a la busca de pretextos para boicotear toda decisión que requiera de su consenso -y hay importantes decisiones en esta legislatura que lo requieren-, lo cual obliga a los socialistas a modular muy bien sus propuestas y a ser escrupulosos con los procedimientos.