La fiscal pide prisión para Toro por colaborar con la célula del 11-M
El juez imputa a dos vigilantes de la mina donde se robó el explosivo
La fiscal de la Audiencia Nacional adscrita al sumario del 11-M, Olga Sánchez, ha pedido al juez instructor Juan del Olmo que decrete la prisión provisional incondicional de Antonio Toro, por su participación en posibles delitos de colaboración con banda terrorista islamista y suministro ilegal de explosivos. El juez imputó ayer en la causa a los hermanos Pérez Tronco, vigilantes de las minas de donde se sustrajeron los explosivos.
La fiscal Olga Sánchez modificó ayer su criterio inicial y solicitó al juez Juan del Olmo que decrete la prisión incondicional del ex minero Antonio Toro, cuñado de José Emilio Suárez Trashorras, el suministrador de los explosivos utilizados en la matanza del 11-M. El juez Del Olmo se pronunciará previsiblemente hoy sobre la petición del ministerio público. Toro está en prisión cumpliendo una pena por tráfico de drogas.
La decisión de la fiscal está relacionada con los últimos informes de la Guardia Civil sobre la trama asturiana de los explosivos remitidos al juzgado y el resultado de los careos que Toro y Trashorras mantuvieron con otros coimputados, así como las declaraciones de confidentes de las fuerzas de seguridad. Por el momento, la fiscal no ha adoptado ninguna determinación respecto a la hermana de Antonio y esposa de Trashorras, Carmen Toro, sospechosa de estar implicada en la trama de los explosivos.
Recientemente, Antonio Toro y su cuñado José Emilio Suárez Trashorras fueron señalados por el confidente Francisco Javier Villazón, Lavandero, como traficantes de explosivos. En la cinta grabada por el guardia civil de la comandancia de Gijón Jesús Campillo en agosto de 2001 al confidente Lavandero, éste indicó que los cuñados traficaban con dinamita y Trashorras buscaba a alguien que supiera fabricar "bombas con teléfonos móviles".
El juez imputó ayer a los hermanos Conrado y Juventino Pérez Tronco,el primero encargado de la mina Conchita y el segundo vigilante de Mina Collada y Anexas, ambos con acceso a las llaves de los polvorines de los que se sustrajo la dinamita.
Los hermanos Pérez Tronco acabaron reconociendo ante el juez que el control de los explosivos en las minas asturianas era muy deficiente.
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