Iztueta dice que resolverá en breve el problema de los pluses de la UPV
La consejera de Educación, Anjeles Iztueta, se comprometió ayer a resolver en breve el problema que arrastra la Universidad del País Vasco (UPV) por el pago del complemento de productividad al profesorado. Este polémico plus envenenó las relaciones entre el Departamento de Educación y el anterior rector, Manuel Montero, que fue quien lo puso en marcha hace tres años tras recibir el visto bueno de la Junta de Gobierno y el Consejo Social de la UPV, pero sin la autorización de la consejería.
El pago de este plus le ha generado un déficit a la institución universitaria de 20 millones de euros, ya que ha desembolsado el dinero con una partida aportada por el Gobierno vasco que es tres veces inferior a la necesaria. Esta circunstancia ha provocado que la deuda sea más grande cada año desde 2001.
Iztueta indicó que la solución al problema vendrá de la mano de los nuevos complementos que establece la Ley del Sistema General Universitario Vasco, aprobada este año por el Parlamento y que aún está sin desarrollar. Según la consejera, la ley recoge este tipo de complementos y estipula la manera de aplicarlos. Iztueta se comprometió a dejar la cuestión resuelta "mucho antes" de que concluya la actual legislatura en mayo, por lo que la solución podría estar cada vez más cerca.
Mientras se resuelve ese polémico asunto, el Consejo de Gobierno aprobó en su reunión de ayer la concesión de una subvención extraordinaria a la UPV de 11 millones de euros para hacer frente al resto del déficit, generado por el aumento del gasto corriente de personal y áreas como el mantenimiento, la limpieza y la seguridad de los edificios universitarios. El rector de la UPV, Juan Ignacio Pérez, había enviado una carta a la consejera solicitando que concediera a la institución una subvención extraordinaria para acabar con el déficit o que le diera permiso para solicitar un crédito bancario con el que sufragar la deuda. Los 11 millones arreglarán en parte la situación.
Renta básica
El Consejo también autorizó la concesión de un crédito de 13,7 millones de euros para cubrir los déficits de financiación de la renta básica. El gasto ejecutado en esta partida en los diez primeros meses de este año ha ascendido a 94,4 millones y la previsión de cierre alcanza los 114,3 millones. Precisamente, mañana comienza en Vitoria un congreso destinado a analizar las políticas sociales de protección social, en especial todo lo relacionado con la renta básica, también conocida como salario social, y con los programas de inserción.
Por otra parte, el Gobierno ha comprado una oficina en la ciudad de Buenos Aires destinada a albergar la futura delegación de Euskadi en Argentina. El Ejecutivo se ha gastado en la adquisición de este inmueble y tres plazas de aparcamiento un total de 470.000 dólares.
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