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Tribuna:RELACIONES IGLESIA-ESTADO

Democracia y cristianismo

El autor mantiene que la religión debe apoyar al Estado de derecho en cuanto tal, y el Estado tiene que reconocer y proteger las instituciones cuya realización es de ámbito religioso.

En memoria del cardenal Tarancón

28-11-1994

En los últimos días se cumplen dos fechas memorables de la historia espiritual y política de España, decisivas para el futuro del país y de la Iglesia. Una es la homilía del arzobispo de Madrid don Vicente Enrique y Tarancón ante su majestad el rey Juan Carlos I en la iglesia de San Jerónimo el Real: El compromiso de la Iglesia con la patria (27-11-1975). La otra recuerda el décimo aniversario de su muerte. Tarancón tuvo la lucidez y magnanimidad de asumir dos grandes tareas: la aplicación consecuente del Concilio Vaticano II en la Iglesia española; y la oferta de colaboración de la Iglesia a la sociedad para que aquélla decidiese su destino político en plena libertad, superadas las tutelas anteriores del orden que fueran y ejercitadas todas las emancipaciones necesarias.

El Estado es aconfesional, pero la sociedad, si quiere, puede ser confesional

Su lema fue colaboración entre sociedad e Iglesia a la vez que autonomía de cada una. Le costó sudores y dolores, ya que unos consideraban necesaria la retención de la sociedad en un marco constitucional determinado por el catolicismo, y otros reclamaban de él el tránsito a una laicidad, donde Iglesia y fe quedaran recluidas en la estricta interioridad individual. Ofreció colaboración y amistad a todos. Se reunió con políticos y periodistas, miembros de la oposición y ministros del Gobierno. Aceptó el reto de no apoyar a partidos cristianos, por más legítimos que fueran democráticamente, como signo necesario entonces para mostrar que la Iglesia acepta un pluralismo de opciones políticas y un pluralismo de posiciones políticas de los cristianos, con la única condición de que mantengan los principios constituyentes de la fe y de la comunión eclesial. A la cabeza del episcopado apoyó las reformas primero y la Constitución después, consciente de que la Iglesia no queda ni suplida en su misión ni suplantada en su legitimidad democrática por ningún partido.

¿Dónde estamos hoy a distancia de 30 años? Aunque parezca extraño, ciertos grupos y movimientos reclaman un retorno a situaciones que el cardenal y la Constitución daban por definitivamente superadas. La Constitución afirmó la soberanía popular, la responsabilidad del Estado de derecho, la libertad ciudadana y, con ella, también la religiosa, en su dimensión individual y colectiva, personal e institucional, por ser consciente de la historia y del peso presente que la religión y la Iglesia tienen en nuestro país.

Un tipo de pensamiento y de política se ha propuesto convencer a los ciudadanos de que: la democracia sólo es posible cuando la religión haya sido definitivamente eliminada de lo público; que el Estado sólo es libre cuando se desentiende de las realidades religiosas y de su forma institucional como Iglesia; que la modernidad ha superado la comprensión religiosa de la existencia; que la vida laica, en cuanto a negación de toda referencia trascendente y rechazo de la idea de Dios, es la condición necesaria para una modernización de España; que, por tanto, sólo una ciudadanía comprendida y ejercitada de modo no religiosa es capaz de crear una España progresista. Más allá de las minucias políticas y administrativas de cada día, ésos son los presupuestos que están tras ciertos proyectos legislativos: frenar o anular la presencia de un factor católico que se considera premoderno, antidemocrático, antiprogresista. La honestidad intelectual reclama su esclarecimiento, viendo en qué casos esa acusación puede tener fundamento y cuándo es un pretexto para otros fines. Sólo así estaremos en la verdad pública, reconoceremos al prójimo sinceramente y no haremos de la política un mero ejercicio de poder, en su doble forma negativa de encanallamiento o de trivialización.

El punto de partida para todos es que el Estado es aconfesional. Así puede servir a los ciudadanos para que en el ejercicio de su libertad puedan realizar su vida desde sus convicciones fundamentales, religiosas o no religiosas. Cuando una sociedad realiza su ciudadanía, con una dimensión religiosa, la realiza en el empeño de su libertad. Ésta, como todo acto personal, tiene un lado interior y uno exterior, uno privado y otro público, uno íntimo y otro institucional. Un Estado sólo es realmente de derecho cuando no construye una ciudadanía para sus súbditos imponiendo una o excluyendo otra, sino que reconoce y acoge la que, surgida libremente desde abajo, se dan a sí mismos los ciudadanos. El Estado no puede proponer una forma de ciudadanía ni religiosa ni antirreligiosa, ni confesante ni laicista. Hacerlo sería una forma de dictadura, de obliteración de la real libertad de pensamiento, confesión, expresión y asociación.

¿Cuál es el presupuesto de esa actitud, que en el fondo tolera y por ello en vez de acoger, favorecer y dar cauce a la existencia religiosa, individual y comunitaria, la pone permanentemente bajo sospecha cuando no bajo acusación? La convicción de que la religión es desnaturalizadora y degradadora de la vida, que está en contradicción con la ciencia, que impide la real libertad y que con su propuesta de verdad hace imposible el pluralismo. La mitad del pensamiento del siglo XX (nazismo, marxismo) partió de ese presupuesto, creando sistemas para desenraizar la dimensión religiosa de la vida humana. Sus consecuencias mortíferas están a la vista de todos.

¿Cómo se explican esos acusadores que la democracia haya nacido precisamente en los países de cultura cristiana, como antes había nacido la ciencia y luego los derechos humanos? ¿Cómo interpretan una historia de Europa y de España donde las máximas creaciones literarias y arquitectónicas, pictóricas, musicales, tienen una intencionalidad y nutrición religiosas? ¿Se seguirá arguyendo que todo eso era propio de los siglos pasados? ¿Qué hacer, entonces, hoy en música con Penderecki y Messiaen, en el pensamiento con Rahner y Balthasar, en la literatura con Tolkien y C. S Lewis? ¿Decidiremos borrar de la faz de la Tierra todo lo que abra el mundo a la trascendencia, a la santidad, a Dios? ¿Olvidaremos el consejo de Delfos: "Conoce tu finitud, no accedas a la insolencia". ¿Ha perdido vigencia Goethe: "El estremecimiento ante lo santo es la vibración más humana que existe en el corazón del hombre"?

La religión abre fuentes de vida y esperanza que no manan en otro sitio. La democracia se nutre de raíces que no puede vivificar por sí misma. "Una cultura magna, pero sin raíces", decía Ortega y Gasset. Desde Tocqueville a los mejores tratadistas modernos sabemos que sólo donde se cultivan la cultura, la ética, la religión, manteniéndose conjugadas y colaboradoras, sólo allí una democracia abierta tiene asegurada su pervivencia y fecundidad. Ortega y Gasset concluía La rebelión de las masas: "Se desemboca en la verdadera cuestión". Ésta es la reducción de la vida a meros hechos, del pensamiento a técnica, de la política a simple legislación, sin criterios ni horizontes morales, sin verdades y esperanzas últimas, sin fuerzas necesarias para resistir los golpes de la historia y sin potencias para asumirla como camino a la vida y no padecerla como mero intermedio entre una nada precedente y un silencio consiguiente.

Los hombres necesitamos referencias objetivas y universalizables, ideas e ideales, para superar el nihilismo y la violencia inherente al corazón humano, a la vez que para allegarnos a las cotas máximas posibles a nuestros anhelos. Sobre ese fondo la religión despliega una posibilidad que podemos cultivar o cercenar. El cristianismo ha colaborado definitivamente a crear las categorías de persona, libertad, comunidad, amor, prójimo, perdón, vida eterna, Dios encarnado. Con sus hombres y mujeres, santos y servidores, ha mostrado la figura de la misericordia operante en este mundo. Esas ideas y exponentes de humanidad, ¿deben ser erradicados o protegidos?

El Estado es aconfesional, pero la sociedad, si quiere, puede ser confesional. Y si de hecho sus miembros lo son, el Estado debe acoger, proteger y fomentar eso que los ciudadanos reconocen y afirman como su identidad. ¿Por qué va a reconocer como despliegue auténtico de lo humano el arte y los teatros, la música y las operas, la ética y los ateneos, la política y los partidos, y va a rechazar la religión con sus templos e instituciones, emitiendo un juicio negativo contra ella y discriminándola frente a otros ejercicios de la libertad? ¿Por qué remitirse siempre a los mismos datos de la historia cristiana sin verla dentro de la entera evolución humana? ¿Quién fue responsable de los 150 millones de muertos que tiene Europa sobre su conciencia entre 1914 y el final de la guerra de Yugoslavia: la Religión o la Ilustración, el evangelio o las ideologías? ¿O en qué proporción lo es cada una de ellas?

La religión debe apoyar al Estado, al Gobierno y a la democracia cuando se mantienen y ejercen en Estado de derecho. El cristianismo lo hace con sinceridad, pero nunca reconocerá validez democrática y moral a un Estado o Gobierno que con palabras, hechos o leyes declaran inhumana a la fe en Dios, marginan la ejercitación creyente de la existencia, frenan la articulación institucional de la vida religiosa. Porque eso sería imponer un modelo de ciudadanía que arranca del alma la comprensión y constitución religiosa de la persona. Eso sería una forma subcutánea y, por ello, mucho más eficaz de dictadura. La religión tiene que acreditar su dimensión social y su voluntad de colaboración. Un Estado social y democrático de derecho tiene que acreditar el reconocimiento real de la libertad, justicia e igualdad concretas y, por tanto, reconocer, proteger y favorecer tanto la existencia como las instituciones y realizaciones de aquellos ciudadanos que se comprenden y realizan religiosamente.

Olegario González de Cardedal es teólogo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 29 de noviembre de 2004