450.000 ecuatorianos aspiran a la residencia con el nuevo Reglamento de Extranjería

La mitad de los aproximadamente 1,3 millones de extranjeros que tendrán la posibilidad de regularizar su situación gracias al proceso de "normalización" previsto en el borrador del Reglamento de Extranjería son latinoamericanos, según los datos del Anuario Estadístico de Extranjería 2003, presentado recientemente por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Ecuador es el país con más candidatos a obtener la tarjeta de residencia. El 1 de enero de 2003 había en España 274.996 ciudadanos de ese país empadronados que carecían de papeles. En este momento, las estimaciones rondan los 450.000.

El pasado 30 de septiembre vivían en España 1.854.218 extranjeros regularizados, de los cuales 1.213.799 eran inmigrantes (ciudadanos de países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo), según datos de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. Las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan que el número de empadronados ascenderá a finales de este año hasta los 3.140.000. El cruce de estas cifras señala que los extranjeros en situación irregular se aproximarán a los 1,3 millones cuando finalice 2004.

Por el momento, el INE sólo dispone del desglose de los datos del padrón a 1 de enero del año pasado. En esa fecha, los ecuatorianos empadronados que carecían de permiso de residencia eran 274.996. Les seguían los colombianos (173.446), los rumanos (103.642), los marroquíes (96.547) y los argentinos (81.508).

60% más de empadronados

Es previsible que el número de estas colonias de inmigrantes haya aumentado en los dos últimos años en la misma proporción que lo ha hecho la cantidad global de empadronados, que ha pasado de 1,97 millones a 3,14 millones; esto es: ha crecido el 60%. Según este cálculo, el número de ecuatorianos que podrían regularizar su situación si contaran con un contrato de trabajo y carecieran de antecedentes penales tanto en su país como en España rondaría los 450.000.

Esta cifra coincide con la que maneja la Embajada de Ecuador en Madrid, que en cuatro años se ha visto obligada a ampliar sus instalaciones consulares desde un piso de 80 metros cuadrados a otro de 240, primero, y ahora se dispone a trasladarse a otro de 800, según relata el embajador, Francisco Carrión.

Los ecuatorianos en situación irregular se concentran sobre todo en Madrid, donde viven el 35%, en Cataluña (15%) y en Murcia (10%). También son mayoría en Asturias, Navarra, La Rioja, Baleares y Comunidad Valenciana.

El embajador Carrión pone especial interés en destacar la fácil integración social de sus compatriotas. En este sentido, recuerda que, a 1 de enero de 2003, sólo había en prisión 427 ecuatorianos, una cifra ciertamente baja para una colonia que en aquella fecha tenía 81.709 ciudadanos regularizados más 274.000 empadronados sin permiso de residencia.

Tras los ecuatorianos, la colonia más numerosa de inmigrantes en situación irregular la forman colombianos: unas 270.000 personas, según los mismos cálculos aplicados a los ecuatorianos. Los colombianos son mayoritarios en Galicia, Cantabria, País Vasco, Extremadura y Canarias.

Les siguen los rumanos (unos 150.000 irregulares), que son mayoría en Aragón y Castilla-La Mancha; los marroquíes (unos 140.000 irregulares), que son la colonia más numerosa en Ceuta y en Melilla, y los argentinos (en torno a 120.000), que encabezan la lista de sin papeles en Andalucía.

A comienzos de este año había en España 8.109 municipios. En enero de 2003 registraban extranjeros empadronados 6.490 de ellos, según el INE. Las mismas cifras indicaban que el 43,95% de los inmigrantes estaban inscritos en sólo 27 de estos municipios.

Estos son los datos con que cuenta la Administración para reforzar los puntos de atención y gestión a los inmigrantes que viven en España, o para crear otros nuevos, cuando se abra el proceso de "normalización" previsto en el borrador del Reglamento de Extranjería.

El proceso tendrá una duración de tres meses a partir de la entrada en vigor del texto legal, y abarcará a los extranjeros que se hallen empadronados al menos seis meses antes de su publicación, dispongan de un contrato de trabajo con alta en la Seguridad Social y carezcan de antecedentes penales en España y en su país de origen.