Venezuela aprueba la polémica ley de control de radio y televisión

La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado la Ley sobre Responsabilidad Social en Radio y Televisión, un instrumento jurídico que fija horarios restringidos para los contenidos considerados pornográficos y violentos. La ley, que entrará en vigor después de una revisión de estilo en el Parlamento y tras recibir el visto bueno del presidente Hugo Chávez, es considerado como una amenaza contra la libertad de expresión por los partidos de la oposición, los propietarios de medios de comunicación, corporaciones de periodistas y organizaciones de derechos humanos. La ley fue objeto de un largo debate en el seno del Poder Legislativo que incluyó numerosos intentos de la oposición de impedir su aprobación mediante tácticas dilatorias y hasta algunos conatos de violencia entre los diputados. La aprobación se produjo a pesar de una campaña de los principales medios de comunicación, que se refieren al texto como "ley mordaza", en alusión a sus posibles efectos negativos sobre el derecho a expresarse. El Gobierno, a su vez, emprendió una contraofensiva basada en conferencias en todo el país para convencer de las bondades de la normativa, a la que el sector oficialista prefiere llamarle "ley resorte".

Las emisoras de radio y de televisión que violen la norma serán sancionadas con fuertes multas y, en caso de reincidencia, con cierres temporales o definitivos. La ley, además de fijar horarios exclusivos para la audiencia infantil, durante los cuales no podrán difundirse programas de sexo o violencia, obliga a las empresas privadas de radiodifusión y de televisión a dar cabida en sus programas a productores independientes que no formen parte de la plantilla de estas compañías.

Productoras independientes

El Gobierno y los sectores que apoyan la ley consideran que de esta manera se estimulará el crecimiento de la industria nacional, pues actualmente la mayoría de los programas son importados y los que se realizan en el país son elaborados por las mismas emisoras. Los propietarios de estos medios advierten que el Gobierno pretende tomar el control de las programaciones pues las organizaciones de productores independientes serán financiadas con fondos estatales.

El viceministro de Comunicación e Información, William Castillo, dijo que lo fundamental de ahora en adelante es lograr que los usuarios de los medios de comunicación se organicen y participen en el control de los programas. La ley contempla la figura de los comités de usuarios, organizaciones que tendrán influencia directa en las decisiones que tomen las autoridades acerca de programas permitidos, multas y otras sanciones.

Castillo desestimó las denuncias de la organización Human Rigth Watch en contra de la legislación. "No hay un análisis profundo ni se conoce nuestra realidad. La defensa que esa organización hace de la libertad de expresión es la de un derecho empresarial", expresó. La oposición adelantó que intentará impedir la entrada en vigor de la ley convocando un referéndum abrogatorio, figura contemplada en la Constitución.