Agricultura propone desligar del cultivo el 95% de las ayudas al aceite
La medida divide a las zonas olivareras
El Ministerio de Agricultura ha propuesto a los consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas que el 95% de las ayudas como pagos directos para el olivar se paguen en el futuro desligadas de la producción. La Administración plantea igualmente que para el 5% de los fondos restantes se aplique una política de modulación. Quienes perciban entre 20.000 y 30.000 euros sufrirían un recorte a decidir en ese tramo de la ayuda. El pago se eliminaría para quienes cobren más de 30.000 euros y se mantendría íntegro para cobros por debajo de los 20.000 euros. Los fondos resultantes de esta modulación se destinarían para el apoyo a los olivares de baja producción.
La propuesta inicial de Agricultura presentada ayer en la conferencia sectorial ha sido aceptada por Andalucía y rechazada por la mayor parte del resto de las comunidades autónomas con olivar.
La actual Organización Común de Mercado (OCM) para el aceite de oliva contempla que los pagos desligados de la producción sean como mínimo del 60% y da libertad a cada Estado miembro para elevar este porcentaje hasta el 100%. Ante esta posibilidad, desde Andalucía se abogaba por un pago total desligado de la producción, mientras en el resto de las comunidades autónomas se defendía que sólo fuera del 60% para asegurar un cobro total por hectárea de 300 euros.
Tras la reforma de la OCM la primavera pasada, España dispone de una ayuda para el olivar por 1.034 millones de euros, frente a una ayuda media en las últimas cuatro campañas de 965 millones de euros. La propuesta del 95% de los pagos desligados de la producción supondría un gasto total de 930,8 millones de euros. Ello significa una disponibilidad de 103,1 millones de para los pagos ligados a la producción.
De acuerdo con la normativa comunitaria se establecerían cinco categorías de olivar para la distribución de esos recursos con especial atención para las superficies ubicadas en zonas donde supongan más del 80% de la superficie labrada.
Con esta medida, Jaén aumentaría sus ingresos un 2,6%, Andalucía un 3,5%, Castilla la Mancha un 14,7% y Extremadura un 16%.
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