El fiscal pide indemnizar con 29 millones a los 276 contagiados de hepatitis C de Valencia

El fiscal acusa al anestesista Juan Maeso de 276 contagios de hepatitis C en cuatro hospitales de Valencia entre 1988 y 1998. Por cada uno de ellos Javier Carceller pide ocho años de cárcel, más otros dos por dos homicidios por imprudencia grave: 2.212 años en total. Además fija en 28.885.002 euros la indemnización global, de la que la Consejería de Sanidad es responsable civil subsidiaria. La fiscalía considera probado que el médico se pinchaba parte de la anestesia que luego y con la misma jeringuilla administraba a los enfermos, sabiendo que era portador del virus de la hepatitis C.

Tras seis años de investigación, el fiscal acusa de lesiones dolosas al anestesista Juan Maeso, único imputado por el contagio masivo del virus de la hepatitis C en el hospital La Fe y las clínicas privadas Casa de Salud, Quirón y Virgen del Consuelo de Valencia. Según consta en su escrito, el médico traspasó el virus de hepatitis C a 276 pacientes "como consecuencia de las actuaciones que ejecutó primero sobre su propio cuerpo, administrándose anestésico como estupefaciente y después sobre el cuerpo de los enfermos, inyectándoles con el mismo material quirúrgico los anestésicos que precisaban, teniendo conocimiento de que padecía una infección hepática".

Recoge además que "ejerció su actividad pese a existir una sospecha pública generalizada entre el diverso personal sanitario de ser consumidor habitual de sustancias estupefacientes". Agrega el fiscal que esa situación era conocida por diferentes instancias públicas, de forma que Maeso podía "haber sido investigado y su caso expedientado por la Consejería de Sanidad como ente garante y tutelador de las condiciones en que los profesionales ejercen su actividad".

Por ello, la fiscalía le considera criminalmente responsable de 276 contagios ocurridos entre 1988 y 1998, aquellos en los que por análisis de ADN ha quedado acreditada la coincidencia filogenética en el tipo de virus. Solicita una pena de ocho años de prisión por cada uno de esos contagios: 46 en La Fe, 228 en Casa de Salud (de los que 13 fueron pacientes de la sanidad pública derivados dentro del plan de choque puesto en marcha por el Gobierno autonómico del PP en 1996 para reducir las listas de espera), uno en Quirón y uno en Virgen del Consuelo. Además, pide dos años por cada una de las dos muertes que entiende directa y únicamente consecuencia del contagio. En total, 2.212 años de cárcel, de los que, de ser condenado, cumpliría 24, tres veces la pena máxima, tal como establece la ley cuando la acusación es por delitos múltiples.

Indemnizaciones

El fiscal ha fijado indemnizaciones personalizadas, que van desde los 13.000 a los 212.500 euros, en función de la evolución del contagio, de las lesiones, las incapacidades y la edad -17 contagiados eran menores, entre ellos un recién nacido-, y que suman 28.885.002 euros. De ellas, son responsables civiles directas las distintas compañías aseguradoras con las que tenía suscritas Maeso pólizas de forma directa o derivada de la concertación por el Colegio de Médicos de Valencia o Sanidad. Y la Administración autonómica es la responsable civil subsidiaria por entender que, a pesar de que la mayoría de las intervenciones se realizaron en centros privados, es la garante de que el servicio se preste correctamente.

Dado que no existe actualización de documentos sobre la evolución de los afectados (22 de los cuales ya han fallecido, aunque el fiscal entiende que sólo dos a consecuencia directa del contagio) y que el juicio es previsible que no se celebre hasta el próximo otoño, varias acusaciones particulares, entre ellas la que representa el letrado Manuel Mata, solicitaron ayer que la Generalitat Valenciana adelante las indemnizaciones. Consideran que el fiscal "se ha quedado corto" y que pedirán que se incrementen las cantidades.

Maeso permanece en libertad por esta causa, iniciada en 1998, y apartado del ejercicio de su profesión, aunque un cambio legislativo le permite cobrar el sueldo desde el pasado diciembre. Se ha declarado inocente, sostiene que es un afectado más, que desconocía ser portador del virus y niega haber sido consumidor de estupefacientes. Su abogado, Francisco Davó, criticó la acusación porque "está sólo basada en rumores, ni un hecho". El fiscal citará a declarar a casi 400 testigos, entre ellos la actual consejera de Bienestar Social, que fue responsable del Centro de Transfusiones.