El principal órgano consultivo vasco nace sin consenso entre Gobierno y oposición

El Parlamento aprobó ayer con el único apoyo de los 36 votos del tripartito y la oposición de PP y PSE la ley de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, el máximo órgano consultivo vasco, que realizará en adelante los informes de legalidad sobre los proyectos del propio Ejecutivo y de los ayuntamientos, además de la UPV y las entidades públicas dependientes de esas administraciones.

El principal órgano consultivo de Euskadi, que asumirá a dichos efectos funciones que hasta ahora desempeñaba el Consejo de Estado, echará así a andar sin un mínimo consenso entre el Gobierno y la oposición, ya que el Ejecutivo se ha negado a que el Parlamento pueda participar en el nombramiento de sus integrantes como pedían populares y socialistas. El Gobierno tampoco ha renunciado al otro punto en que mantenía un conflicto con la oposición y al frente de la Comisión estarán como presidente y vicepresidente dos altos cargos de Vicepresidencia. Ésas eran las dos grandes reclamaciones de PP y PSE, una vez que ese órgano, creado y regulado en 1999 por decreto, adquiere estabilidad y pasa de informar sólo actos del Gobierno a tener competencias sobre todas las administraciones vascas, salvo las diputaciones.

La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, quien defendió el proyecto, se encontró con el reproche de los portavoces de los dos grupos, que le recriminaron no haber tenido las "cautelas" recomendables al poner en marcha con un mínimo de entendimiento un órgano de esa categoría. "Ustedes se lo han guisado, ustedes se lo comen. Que les aproveche", le dijo a modo de reproche la portavoz socialista en el debate, Joana Madrigal, cuyo grupo no había presentado una enmienda a la totalidad convencido de que sería posible el entendimiento en una materia de un contenido tan técnico. "Hemos escuchado el no por el no", se quejó la parlamentaria del PSE.

"Es una pena que no hayan aprovechado ustedes para hacer un órgano nuevo e independiente tanto de la Administración común como de la local", se lamentó, de su lado, el popular Antón Damborenea.

La vicelehendakari alabó para defender el proyecto el trabajo desarrollado hasta el momento por la Comisión Jurídica, cuya composición hasta ahora también determinaba íntegramente el Gobierno, y rechazó que ello suponga una merma de su independencia u objetividad. Zenarruzabeitia recordó que el órgano consultivo realiza un trabajo de asesoramiento previo y no una función de enjuiciamiento posterior de la legalidad de los textos. "Ni juzga ni controla" a las administraciones, ni dirime conflictos entre ellas ni tampoco evalúa la orientación política o la oportunidad de sus proyectos o actos, resaltó en un inteo de restar relevancia política a su composición. El Gobierno se ha reservado en la nueva ley la potestad en el nombramiento de sus diez vocales y determina su presidente y vicepresidente, puestos que ocuparán de forma automática dos altos cargos de Vicelehendakartitza.

Lo importante, dijo, es la cualificación y la experiencia jurídico-administrativa de sus miembros y sólo requiere esa legitimidad, no la parlamentaria, sostuvo. Su independencia, a juicio de Zenarruzabeitia, viene dada por el mero hecho de que ni participa en la elaboración de las normas ni tiene después la facultad de aprobarlas. La número dos del Ejecutivo agregó que "con los mismos mimbres" está hecho el Consejo de Estado y ni PP ni PSOE se han planteado cambiarlo.

El popular Antón Damborenea, rebatió el planteamiento de la vicelehendakari y del tripartito e hizo ver que puede darse el caso de que, en su condición de director de Régimen Jurídico y Desarrollo Normativo del Gobierno, el también vicepresidente nato de la Comisión, sí participe en la elaboración de un proyecto de ley. Después, detalló, esa misma persona tendría que dictaminar, en su otra condición de vicepresidente del órgano consultivo, sobre el ajuste a la legalidad de la norma. Más aún ,resaltó el portavoz popular, el mismo doblemente alto cargo podría después tener que informar sobre un eventual recurso que un Ayuntamiento quisiera elevar al Constitucional contra ella.

La socialista Joana Madrigal lamentó la falta de un acuerdo en el que dijo haber confiado y recalcó que "no se puede ser independiente" cuando se depende del Gobierno ni cuando "unos días se está en el consejo de dirección de la Vicepresidencia y otros se reviste uno de imparcialidad y objetividad para presidir la Comisión, emitir votos particulares o dirimir empates".