El Congreso inicia la despenalización de los referendos ilegales

El Pleno del Congreso tomó ayer en consideración (133 votos del PP en contra, frente a los 175 a favor del resto de los grupos) una proposición de ley para derogar la reforma del Código Penal introducida por el PP en 2003, por la que se penaliza con hasta siete años de cárcel, entre otros supuestos, la convocatoria ilegal de referendos o la financiación por parte de entidades públicas a partidos declarados ilegales.

El Congreso empezará a tramitar la reforma que ayer contó con el apoyo de todos los grupos, incluido el Mixto que no firmó la proposición de ley, y que ayer desgranaron en el hemiciclo, casi vacío y presidido por el vicepresidente segundo de la cámara, Jordi Vilajoana, un torrente de reproches jurídicos y políticos al PP; incluido, por supuesto, el recordatorio de que la reforma, "nada menos" que del Código Penal se hizo en forma de enmienda introducida en el Senado, a la Ley de Arbitraje. La norma se entendió como respuesta del Gobierno del PP al anuncio del lehendakari,Juan José Ibarretxe, de convocar un referéndum sobre su plan.

Álvaro Cuesta manejó, en parte, los mismos argumentos que retomaron otros grupos, como que se trataba de normas "contra el adversario político", y añadió que con la derogación no hay impunidad porque el Código Penal tiene tipos para aplicarlos a los supuestos que se introdujeron.

Ignacio Astarloa (PP) fijó la posición de su grupo; eso sí "de oposición completa" a la derogación. Logró que desde los escaños del Grupo Popular le interrumpiesen varias veces con aplausos y pidió al PSOE que le explique los mecanismos jurídicos para impedir "un proceso de secesión anunciado" y que se especifiquen "los remedios" para un "desafio" ante el que, dijo, "no podemos quedarnos cruzados de brazos". Cuesta, le acusó de utilizar "la truculencia y la sobreactuación".