La Guardia Civil localizó casas de parientes de Trashorras pero no logró órdenes de entrada

El último informe de la Guardia Civil de Asturias de las investigaciones sobre el supuesto intento de Antonio Toro Castro y Emilio Suárez Trashorras de vender explosivos en 2003 subraya que los agentes localizaron "múltiples propiedades a nombre de familiares de Trashorras" que pudieron haber sido utilizadas "para ocultar explosivos", pero que la fiscalía no encontró sustancia para ordenar su registro. La negativa de la fiscalía se produjo durante una reunión informal en una cafetería. Lo único que se logró fue detener a Toro, en junio de 2003, por tráfico de drogas.

La ausencia de resultados en estas pesquisas, en las que participó la Unidad Central Operativa (UCO), ha sido objeto de polémica en la comisión de investigación del Congreso y un caballo de batalla de los protosindicatos del instituto armado. Ayer mismo, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) pidió la destitución inmediata del general Pedro Laguna y del coronel jefe de la UCO, Félix Hernando, "tras demostrarse en la comparecencia de ayer ante la comisión del 11-M que ocultaron información".

La acusación de la AUGC se centra en que ambos reconocieron que el 27 de febrero hubo una nota informativa de la UCO pero no hablaron de otra, supuestamente del 6 de marzo, en la que se mencionaba que la trama asturiana podría tener vínculos con "mafias organizadas de ámbito nacional". Fuentes del instituto armado consultadas ayer sugirieron la posibilidad de que el documento fuera el mismo, ya que entre uno y otro sólo median nueve días.

Lo que dice el último informe de la Comandancia de Oviedo sobre estas pesquisas es que se registró una zona concreta donde un confidente decía que Trashorras ocultaba explosivos, se hicieron "seguimientos y vigilancias" de los dos ex mineros y una tercera persona y se localizaron las propiedades de familiares de Trashorras (se averiguó que "no era bien recibido por los familiares"), pero no se logró nada.

El informe, en poder de la comisión del 11-M, relata que en mayo de 2003 las pesquisas se orientaron hacia el "tráfico de drogas", porque parecía "la principal actividad ilícita de los investigados". El documento, firmado por el comandante jefe de Oviedo, el teniente coronel Fernando Aldea Juan, dice que, tras esta fecha, "en vista de que la investigación no avanzaba" se acordó con la UCO que se comunicase a Oviedo cualquier novedad. Pero pasaron "varias semanas sin novedades porque el confidente de la UCO [Rafá Zouhier] había dejado de informar". Lo que quiere decir que la relación entre ambas unidades se prolongó más allá del mayo.

Las pesquisas permitieron detener a Toro en junio, motivo por el cual ahora está en prisión, pero acabaron cerradas entre septiembre y octubre del año pasado por falta de resultados.