El Gobierno de Aznar dio por consumado el golpe contra Chávez

"El embajador Manuel Viturro siguió las instrucciones que le transmitimos desde Madrid y junto con el embajador de Estados Unidos en Caracas acudió a reunirse con el flamante presidente provisional Carlos Carmona el 13 de abril de 2002. Ambos expresaron el deseo de que la situación se resolviera con una normalización democrática y hubiera un cese de la violencia", dijo ayer a éste periódico Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado de Cooperación con Iberoamérica en el Gobierno de José María Aznar durante el golpe de estado contra el presidente Hugo Chávez, que aparentemente dio como resultado su dimisión el 11 de abril de 2002.

"Yo mismo mantuve cinco o seis conversaciones el mismo 12 de abril con el subsecretario para el Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, Otto Reich. en las cuales elaboramos una declaración conjunta Estados Unidos-España sobre la situación", recordó Cortés.

La declaración pactada por Reich y Cortés, difundida por la oficina del portavoz del Departamento de Estado el 12 de abril de 2002, no se pronunciaba frente al golpe de Estado. En cambio, dirigía sus peticiones o deseos al nuevo Gobierno. "Están los telegramas reservados intercambiados entre Madrid y Caracas. Supongo que el ministro Moratinos los habrá podido leer. Y no hay nada allí que sostenga sus acusaciones", dijo Cortés.

Con todo, Aznar mantuvo una conversación telefónica con Carmona y dos días después, el 14 de abril de 2002, Gustavo de Arístegui, portavoz de Exteriores del PP, publicó un artículo en el Mundo en el que apoyaba el proceso abierto: "La revuelta popular del jueves abre una puerta a la esperanza... El nuevo Gobierno tiene una tarea difícil devolver la confianza a un pueblo harto y desengañado y que tiene derecho a la paz, a la democracia y a la prosperidad". El presidente provisional Carmona tiene que llevar a cabo una labor impecable de Gobierno y entregar, en el más breve plazo, el poder a un ejecutivo surgido de las urnas".

"Los gobiernos de Estados Unidos y España, en el marco del diálogo político reforzado, siguen los acontecimientos que se desarrollan en Venezuela con gran interés y preocupación, y en contacto continuo", decía el texto. "Los dos gobiernos declaran su rechazo a los actos de violencia que han causado una cantidad de víctimas y transmiten sus condolencias a las familias; piden el cese de la violencia y la recuperación de la calma pública; expresan su deseo de que la excepcional situación que experimenta Venezuela conduzca en el plazo más breve a la normalización democrática plena y sirva para lograr un consenso nacional y la garantía de los derechos y libertades fundamentales; urgen a la OEA a ayudar a Venezuela en consolidar sus instituciones democráticas". Por último, el documento expresaba "su pleno respaldo y solidaridad con el pueblo de Venezuela, los gobiernos de Estados Unidos y España reiteran su convicción de que sólo la consolidación de un marco democrático estable puede ofrecer un futuro de libertad y progreso al pueblo venezolano".

El diagnóstico que hicieron Otto Reich, en Washington, y Miguel Ángel Cortés, en Madrid, "en constante contacto continuo", según dice el texto, partió del hecho de que el golpe de Estado estaba consumado. Por tanto, ambos evitaron cualquier condena de la asonada, dando por hecho la apertura de una nueva situación.

Ni Exteriores en Madrid ni la embajada en Caracas condenaron el golpe de Estado y enfatizaron, en cambio, la presión democrática sobre el nuevo presidente, emergente del golpe. "Debemos todos, en este punto [la legalidad] ser muy exigentes, porque lo que está en juego es el respeto de las reglas, a los marcos democráticos y a la necesidad de que todo se haga de acuerdo con la legalidad", declaró el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué la noche del 13 de abril, en la misma jornada en la cual los embajadores de Estados Unidos, Charles Shapiro, y de España, Manuel Viturro, se entrevistaban con Carmona.

Cortés explicó a este periódico que la actividad del embajador, decidida en Madrid, tuvo por objeto presionar al nuevo presidente por el respeto de los derechos humanos y el cese de la violencia, no apoyar una intentona golpista.

La caída definitiva de Chávez se daba como tan segura que incluso el embajador español debía formar parte de un grupo de tres personalidades, junto con el arzobispo de Caracas, Ignacio Cardenal Velasco, entusiasta del golpe de Estado, y el embajador de Italia, para escoltar a Hugo Chávez hasta el aeropuerto de Caracas, a fin de que subiera al avión de Cubana de Aviación dispuesto para trasladar a Chávez a La Habana, tras gestiones del propio presidente cubano Fidel Castro ante Madrid.

La táctica, pues, del Gobierno de Aznar, como la de EE UU, fue asumir la caída de Chávez como un hecho. Solo después que los líderes de la mayoría de los países latinoamericanos condenaran el golpe, el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, declaró que el derrocamiento de un gobierno por la fuerza iba contra los valores e intereses de EE UU.

Algo parecido sucedió con el Gobierno español. El viernes 17 de mayo de 2002, Chávez asistió en Madrid a la cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe. Esa tarde, el presidente venezolano habló a solas con Aznar. Horas después, en una conferencia ante la Escuela Diplomática, Chávez dijo: "Aznar me ha hecho la promesa de que nunca apoyará un Gobierno no constitucional en Venezuela".