La Guardia Civil halla 19 kilos de Goma 2 en una mina abandonada

La Guardia Civil se incautó el pasado viernes de casi 19 kilos de Goma 2 en el concejo asturiano de Tineo, dentro de una mina de caolín abandonada desde hace unos 10 años. Los 123 cartuchos habían caducado y se encontraban en una de las galerías de la explotación, según informó ayer la comandancia de Gijón. La antigua explotación, Nueva Perdiz, se halla en el mismo enclave y pertenece a la misma empresa (Caolines de Merillés) que la mina Conchita, donde trabajó Emilio Suárez Trashorras y de la que robó supuestamente los explosivos usados en los atentados del 11-M.

Los 123 cartuchos estaban mojados, lo que los inutilizaba para hacer explosión

La explotación revisada el pasado viernes por los agentes de la intervención de armas del municipio de Salas se encuentra en un lugar escarpado en el denominado Arroyo Farandón (cerca del río Narcea) a unos 2,5 kilómetros de la carretera más cercana.

Trashorras, encarcelado por su presunta participación en el suministro de la dinamita utilizada en los atentados de Madrid, ya había sugerido en una de sus declaraciones ante el juez que se investigase una mina en la zona de Farandón, informa Javier Cuartas.

Los agentes se adentraron sobre la una de la tarde en la cueva, que consta de dos túneles bien diferenciados y cuyas entradas están anegadas de agua procedente de un caudal cercano. A unos 195 metros de la entrada de una de las minas, los guardias civiles hallaron los 123 cartuchos de Goma 2. Estaban en muy mal estado de conservación: los barrenos estaban mojados y embarrados, lo que los inutilizaba para hacer explosión. Esto hace suponer que fueron abandonados cuando se dejó la explotación. Este hecho descarta que fueran a ser utilizados en algún acto delictivo, según el instituto armado.

Los técnicos en desactivación de explosivos (Tedax) de la Guardia Civil analizaron el explosivo y lo destruyeron tras informar al juez de guardia. Fuentes del instituto armado señalaron que la Goma 2 fue fabricada, como muy tarde, en 1998. Fue ese año cuando pasó a distribuirse la Goma 2 Eco.

Este registro se enmarca dentro de los controles extraordinarios que está realizando la Guardia Civil en toda Asturias para detectar la venta y distribución ilegal de explosivos tras los atentados del 11-M.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), la mayoritaria de la región con 722 afiliados, recordó el fin de semana que intentó reunirse reiteradamente con la anterior delegada del Gobierno en Asturias, Mercedes Fernández (PP), para entregarle un detallado informe de los problemas de falta de personal y de medios que sufren las intervenciones de armas y explosivos de Asturias. La delegada, pese a tener registradas varias solicitudes por parte de la AUGC, nunca les recibió. De hecho, se comprometió en público durante la celebración de la Virgen del Pilar (patrona del instituto armado) a recibir a los representantes del colectivo pero nunca lo hizo, según recuerda Alberto García Llana, delegado de la AUGC en Asturias.

El informe recoge que los guardias civiles carecen de suficiente personal para supervisar todas las explotaciones. Asturias tiene una docena de intervenciones de armas y explosivos, a las que no están destinados más de 20 efectivos. En algunas de ellas, sólo trabaja un cabo y un guardia, lo que obliga a que uno de ellos siempre esté en la oficina. Esto supone que un solo agente tenga que revisar todas las minas de su demarcación. "Dado que normalmente existen en una explotación varios depósitos situados en diferentes galerías y profundidades, la inspección de una mina puede llegar a demorarse varios días", explica el informe.

Además, los guardias carecen de medios materiales como botas o cascos necesarios para bajar a las minas y controlar los polvorines pequeños, llamados minipoles. De ahí, que tengan que avisar con dos días de antelación a los responsables de las explotaciones para que les faciliten el material necesario. Eso supone que se elimina el factor sorpresa.

Además, algunos guardias son obligados a dejar su arma reglamentaria fuera de las minas, sin las suficientes medidas de custodia, y a firmar un papel que elude de responsabilidad a la dirección de la mina, en caso de accidente. "También es cierto que durante los últimos cuatro años ha habido una orden tácita por parte de la Delegación del Gobierno de que no había que bajar a las minas a controlar los minipoles. Un guardia se lesionó y, como eso suponía muchas responsabilidades, hicieron la vista gorda", señala García Llana.

Por ello, la AUGC pide mejora de los medios técnicos (entre ellos botas, cascos y coches todoterreno) y destinar más guardias a las intervenciones de armas. Además, los guardias no reciben ningún incentivo económico por la especialidad, pese a que necesitan una preparación especial en el control y vigilancia de armas y explosivos. También proponen la creación de una unidad especial para investigar el tráfico ilícito de explosivos para toda la región, de forma que se descargue de esta tarea a las intervenciones de armas.