Operaciones bajo sospecha

Las advertencias sobre la corrupción en el mundo en general y en los países democráticos en particular tienden a pasar inadvertidas, a pesar del creciente riesgo que suponen para la credibilidad del sistema, sobre todo para las democracias. Hay varias razones que explican este desinterés general, a pesar del morbo evidente que desatan las historias corruptas. Una de ellas, la más general, es la creciente y ya masiva resistencia de los ciudadanos a participar en decisiones, debates o actividades que tengan que ver con la gestión pública. Tampoco ayuda el que se extienda la idea de que la corrupción es parte necesaria del sistema, apreciación eminentemente falsa. Y, en fin, hay quien supone que la democracia parlamentaria tiende a corregir por sí misma todas las desviaciones, incluida la corrupción. Tampoco es el caso.

Así que el Informe global de la corrupción tiene una primera virtud, que es la de recordar a quienes lo leen que la corrupción -en este caso la política- sigue estando muy presente en las sociedades actuales y que resulta muy difícil de erradicar. El texto recoge, por ejemplo, un análisis sucinto de cuanto aconteció en Estados Unidos, tenido por un país donde funcionan con eficacia los resortes democráticos, a raíz del descubrimiento de las prácticas financieras fraudulentas de la compañía Enron.

El tono del análisis es claramente positivo; y así debe ser en principio, puesto que la reacción de las autoridades económicas provocó que el fraude no quedara sin corrección ni sin sanciones. La reacción más llamativa fue la aprobación de la Ley Sarbanes-Oxley (2003). Establece reglas para garantizar una transparencia mayor en la gestión de las empresas. Exige, sin ir más lejos, que los ejecutivos más altos de las corporaciones garanticen la exactitud de las cuentas financieras; que las auditoras informen también al Gobierno, que se separen las actividades de asesoría y auditoría... entre otras regulaciones. También recuerda el texto que desde 2002 está en vigor la Bipartisan Campaign Act encaminada a reducir el llamado soft money (contribuciones a las autoridades locales de cada partido que no se contabilizan en las cuentas federales), como un ejercicio más de transparencia en la financiación de los partidos.

Puede comprobarse que los legisladores estadounidenses están preocupados por la corrupción. Su inquietud y capacidad para una respuesta relativamente pronta contrasta con la lasitud de las autoridades españolas al enfrentarse con problemas relativamente tan graves como los de Enron, WorldCom o Global Crossing, como Banesto, Torras o Gescartera. Ésta es la hora en que en España se sigue discutiendo si las auditoras deben estar sujetas a un régimen de control administrativo o bien deben autorregularse.

Así que, aparentemente, EE UU sería un modelo razonable para quien quiera reaccionar contra la corrupción. España podría ser uno de estos quienes, en especial en lo que se refiere a regulación de mercados, control de sociedades cotizadas, vigilancia de operaciones financieras, etcétera. Los mercados anglosajones siempre han sido modélicos en este aspecto.

Bueno, casi modélicos. Porque si de lo que se trata es de corregir, limitar o impedir la corrupción política, cabría preguntarse entonces de qué naturaleza es el caso de la empresa Halliburton, estrechamente relacionada con el vicepresidente estadounidense Dick Cheney y una de las principales beneficiarias de la eventual reconstrucción de Irak. Resulta que otra de las paradojas de la corrupción es que no siempre las líneas de investigación más evidentes son las más sencillas de seguir. O, dicho de otra forma, que no es homogénea la eficiencia con que se atacan los casos (probables, si se quiere) de corrupción. Informaciones exactas y repetidas sobre el caso Watergate expulsaron a Nixon de la Casa Blanca, pero no han tenido la misma fortuna en otras ocasiones. El poder político no siempre es accesible a las apelaciones a la transparencia.