La 'cultura' de los planes de pensiones

EN EL PRIMER TRIMESTRE de 1983, tras ganar las elecciones generales por una amplísima mayoría absoluta, Felipe González y su ministro de Economía, Miguel Boyer, comparecieron de forma pública por primera vez ante centenares de empresarios, en el seno de la Asociación para el Progreso de la Dirección y fueron largamente aplaudidos. Un empresario que intentó matizar esa euforia fue acallado con abucheos por sus congéneres. En aquella reunión, González habló por primera vez de las pensiones públicas y de los esfuerzos para asegurarlas. Se iniciaba un largo camino de pedagogía ante una ciudadanía que todavía no disponía, siquiera, del derecho universal a una pensión pública.

Un lustro después se legalizaban los planes de pensiones privados con ventajas fiscales. Previamente se había producido, precisamente a causa de las pensiones, la primera huelga general contra un Gobierno socialista. En estos últimos 15 años, primero el PSOE, después el PP y ahora de nuevo los socialistas han tenido que emplearse a fondo para convencer de que, fundamentalmente a causa del cambio demográfico (menos nacimientos, mayor esperanza de vida), lo más prudente es asegurarse el futuro mediante un complemento de pensión.

La pedagogía para convencer a los ciudadanos de la necesidad de planes de pensiones privados ha sido muy costosa. Llevó incluso a una huelga general. Los problemas de recaudación fiscal no deberían romperla

El instrumento ha sido los planes de pensiones: el ciudadano dejaba cautiva una cantidad (no puede sacarla del fondo si no es por causas extraordinarias como un paro de largo plazo o por invalidez) hasta su jubilación, sometida a los vaivenes de los mercados financieros. A cambio de ese riesgo suspendía el pago de una parte de los impuestos relacionados con esa cantidad hasta el momento de su retiro; entonces tendrá que desembolsar los impuestos que no ha adelantado durante el tiempo de duración de su plan de pensiones. Las cantidades con tratamiento fiscal positivo han aumentado, sobre todo con los Gobiernos del PP. En la actualidad, uno puede deducir de la base imponible de su impuesto sobre la renta hasta 8.000 euros al año, más 1.250 euros por cada año para mayores de 52 años, con un tope máximo de 24.250 euros.

Las declaraciones que la pasada semana ha hecho el secretario de Estado de Hacienda, Fernández Ordóñez, durante un seminario de la revista El Nuevo Lunes y la seguradora Winthertur, tienen sentido desde el punto de vista recaudatorio (menos deducciones en los planes de pensiones y en la compra de la vivienda, a cambio de una tarifa más baja del IRPF, en el seno de una futura reforma fiscal anunciada en el programa electoral del PSOE), pero suponen una marcha atrás en ese proceso de pedagogía sobre la necesidad de complementar las pensiones públicas con el ahorro privado.

No es la primera vez que se da marcha atrás en un asunto público de extraordinaria sensibilidad. El anuncio del presidente Zapatero de que habría una solución para los astilleros públicos ha conducido la crisis de Izar a ese callejón aparentemente sin salida en que se encuentra ahora, y ha debilitado la posición del presidente de la SEPI, Enrique Martínez Robles: si el presidente del Gobierno ve esa solución, ¿cómo va a obstaculizarla un funcionario público? Y entonces llega Bruselas y todo se estropea.

Los planes de pensiones tienen sentido precisamente por su tratamiento fiscal. Si no, ¿por qué va a encerrar su dinero un ciudadano sin posibilidad de moverlo hasta jubilarse, si además su rentabilidad no está netamente por encima de la inflación? Presentar cambios de tanta profundidad sin el resto de variables (qué tipo de IRPF, qué pasa con otras deducciones como la de la compra de la vivienda, qué ocurre con aquellos ciudadanos que ya han planificado su ahorro a largo plazo sobre este tipo de productos y no son ya precisamente jóvenes) conduce a inseguridad jurídica.

Inseguridad jurídica, globos sonda desmentidos, el peor momento para anunciar los futuros cambios, falta de datos para hacerse un mejor juicio de valor... todo aquello de lo que abusó el PP.