El patito feo

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO acudió el miércoles a la Cámara alta a fin de responder a las preguntas de control de los grupos parlamentarios, dentro de una estrategia general orientada a rescatar a la institución de su actual marginalidad política. Zapatero compareció ante el Senado a comienzos de la legislatura para ratificar el compromiso electoral socialista de promover reformas constitucionales en esa misma dirección. El deterioro de la imagen de segunda Cámara de las Cortes Generales no es sino una secuela del defectuoso trabajo de ingeniería política realizado hace 26 años; tras descartar la idea de un Parlamento unicameral (con el fantasma de la II República al fondo), los constituyentes optaron por rediseñar el híbrido Senado creado en 1976 por la Ley para la Reforma Política con el objetivo de abrir un hueco en la Monarquía al Consejo Nacional del Movimiento de la Falange (los cuarenta de Ayete nombrados libremente por Franco durante la dictadura pasaron a ser cuarenta senadores de designación regia): así se produjo el milagro pascual de la resurrección gloriosa, en 1978, de una institución decimonónica, aunque vestida, no ya con ropajes aristocráticos, sino con los atuendos propios de un Estado compuesto.

El presidente del Gobierno se somete a una sesión de control del Senado y responde a una pregunta del portavoz del PP sobre el concepto de nación establecido por el artículo 2 de la Constitución

Pero tampoco en este caso el patito feo del cuento es víctima irremediable de una maldición genética; los dos partidos mayoritarios de ámbito estatal podrían haber transformado al Senado en el cisne potencial de la cámara de representación territorial que el artículo 69 de la norma fundamental esboza. Sin embargo, la llegada del PP al poder implicó una seria involución respecto a los modestos pasos dados hasta entonces en tal dirección, tales como la reforma reglamentaria de 1994 (que permitió la puesta en marcha de una Comisión General de las Comunidades Autónomas) y la creación de una ponencia de estudio que examinó -entre 1993 y 2000- la reforma constitucional del Senado.

El presidente Aznar no sólo interrumpió a partir de 1997 el uso parlamentario de celebrar un debate anual sobre el Estado de las Autonomías en el Senado, sino que además utilizó torticeramente la holgada mayoría popular en la Cámara alta en desdoro del Congreso. Las reglas de funcionamiento interno del sistema parlamentario (las enmiendas introducidas por el Senado en los proyectos de ley votados antes por el Congreso vuelven a la Cámara baja para ser aprobados o rechazados sin discusión) fueron arteramente manipuladas por el PP: ese trabajo sucio llegó hasta el extremo de que el Senado reformó el Código Penal con el fin de encarcelar a los convocantes de referendos ilegales (un regalo navideño destinado al lehendakari Ibarretxe) mediante una enmienda a la Ley del Poder Judicial que acompañaba a una ley mercantil de arbitraje.

El portavoz del PP preguntó al presidente del Gobierno su opinión sobre el concepto de nación establecido por la Constitución de 1978. Zapatero eludió la trampa de mezclar los sobrios debates académicos con las acaloradas discusiones políticas y el rigor del lenguaje jurídico-constitucional con la equivocidad de las palabras polisémicas cargadas de emotividad; el Diccionario de política dirigido por Norberto Bobbio advierte sobre la peligrosa vaguedad del término nación y la imposibilidad de emplearlo de forma unívoca en el discurso político. Homero seguramente se echó una larga siesta cuando nuestros parlamentarios redactaron las retumbantes y reiterativas menciones del artículo 2 a "la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles" en la que "la Constitución se fundamenta". Mientras el artículo 3 de la Constitución de 1812 residencia la soberanía "esencialmente en la Nación", el artículo 1.1 de la Constitución de 1978 añade que "la soberanía nacional reside en el pueblo español". Cánovas del Castillo -el maestro del conservadurismo español- no consideró necesario, sin embargo, que la Constitución de 1876 jugara con las palabras soberanía, nación y pueblo español para acuñar definiciones: tal vez porque su experiencia como historiador le aconsejó separar el lenguaje jurídico-político de los términos polisémicos y emocionales.