Danilo Anderson, un especialista en los casos políticos más polémicos

La denominación oficial del cargo de Danilo Anderson era Fiscal IV con Competencia Nacional en Materia de Medio Ambiente. Sin embargo, no se le conoció por sus casos ecológicos, sino por varios de los más controvertidos juicios políticos que han conmocionado Venezuela en los dos últimos años.

Recientemente, había comenzado a citar a todas y cada una de las personas que el día 12 de abril de 2002 firmaron el decreto de constitución del Gobierno de facto que ese día se instaló, con el empresario Pedro Carmona Estanga en calidad de presidente tras el derrocamiento de Chávez. Entre los citados que ya habían comparecido figuran empresarios, propietarios de medios de comunicación y dirigentes políticos y sociales de la oposición.

Pero la mayor parte de las personas que apoyaron el golpe de Carmona, unas 400 en total, aún no habían sido convocadas por la fiscalía. Todas ellas iban a ser acusadas de rebelión civil y podían ser castigadas con penas de hasta 15 años de prisión.

Anderson también mantenía abierta una investigación en torno a la participación que tuvo la Policía Metropolitana de la capital venezolana en los hechos violentos en los que murieron 19 personas el 11 de abril de 2002 y que provocaron el derrocamiento del presidente Chávez.

Entre los investigados por este caso se encuentra el ex alcalde mayor de Caracas, Alfredo Peña, quien no compareció ante el fiscal y que, al parecer, se encuentra fuera de Venezuela. También habían sido citados a declarar varios ex directivos del cuerpo policial.

Acusador de militares

Anderson, que había nacido y vivido en La Vega, un barrio pobre del sureste de Caracas, fue también el fiscal de los llamados sucesos de la plaza de Altamira, donde un grupo de militares insurrectos se congregó durante más de un año llamando al pueblo venezolano a ignorar la autoridad del Gobierno.

Acusado con frecuencia por la oposición de actuar alineado con la política del presidente, Anderson, sin embargo, fue también el principal acusador público en el caso de los pistoleros de Puente Llaguno, un grupo de partidarios del presidente Chávez que dispararon el 11 de abril de 2002 desde las proximidades del palacio de gobierno en Caracas.

Del mismo modo, Anderson acusó además al alcalde de Baruta (una zona de clase media de Caracas), Henrique Capriles Radonski, miembro de la oposición, por una serie de incidentes ocurridos en la Embajada de Cuba en Venezuela. Por este caso, el alcalde estuvo detenido preventivamente durante varios meses. La Embajada, ubicada en la jurisdicción de la alcaldía de Baruta, fue asediada por un grupo de enardecidos adversarios de Chávez, quienes destrozaron varios automóviles y cortaron los servicios de agua, electricidad y teléfonos a la sede diplomática. Capriles, quien ya se encuentra en libertad, se presentó ayer en el depósito de cadáveres de Caracas y repudió públicamente el atentado.