La Junta advierte a los ayuntamientos de que actuará contra el ruido si éstos no lo hacen
La contaminación acústica es el mayor problema ambiental, según el Ecobarómetro
El 42,9% de los andaluces considera que el ruido es el principal problema ambiental local, por delante de la suciedad, la falta de parques y jardines o los residuos sólidos urbanos, según las conclusiones del Ecobarómetro 2004. Para atajarlo, la consejera de Medio Ambiente de la Junta, Fuensanta Coves, advirtió ayer de que su departamento puede asumir las competencias contra la contaminación acústica de los ayuntamientos si éstos no actúan ante la denuncia de un vecino, y que puede llegar hasta a decretar el cierre de un local si excede los decibelios permitidos.
La consejera recordó que el Decreto de Lucha contra la Contaminación Acústica, aprobado por la Junta hace un año, da a los ayuntamientos las competencias en materia de control de ruidos. Pero establece que "si una denuncia no se atiende en un mes, la Consejería se arroga las competencias subsidiariamente por inactividad del ayuntamiento", explicó Coves, que presentó en Málaga los resultados del Ecobarómetro, la encuesta anual encargada por la Junta al Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA) sobre la percepción de los ciudadanos en temas medioambientales.
El objeto de esta normativa es "requerir a los ayuntamientos para que tomen medidas". De no hacerlo, serán los técnicos de la Junta los que tomen mediciones de los niveles de ruido objeto de denuncia. "Si el ayuntamiento sigue sin querer intervenir, la Junta tendrá potestad para proceder al cierre si se superan los niveles, o explicar a los ciudadanos que no hay ninguna actuación ilegal", afirmó. Coves especificó que en la provincia de Málaga hay ocho denuncias por contaminación acústica, y dijo que en el resto de las provincias las cifras son similares. También valoró la mayor "sensibilidad de los ayuntamientos, quienes están declarando zonas saturadas de ruidos, fundamentalmente los cascos históricos".
Según la encuesta, realizada a 1.305 personas residentes en Andalucía mayores de 18 años, la preocupación por el ruido es menor entre los jóvenes (el 38% de los menores de 30 años), que dan más importancia al problema de las basuras y a la contaminación del aire, y en los pueblos pequeños (36%), donde el problema más mencionado es la calidad del agua del grifo.
Entre los problemas ambientales de la comunidad andaluza, los encuestados han destacado los incendios forestales (62,9%), la contaminación de playas y mares (29,8%) y la falta de agua (23,2%). En el Ecobarómetro de este año se ha preguntado por las preferencias para mejorar la gestión hídrica en Andalucía. Para el 46,9%, la solución es construir más pantanos, "respuesta lógica que refleja la política de los últimos siglos", dijo Coves, según la cual, cambiar la mentalidad de los ciudadanos "requiere mucha pedagogía". Después aparecen ahorrar agua en los hogares (27,8%), aprovechar agua de mar (27,2%), mejorar los regadíos (26,1%) y trasvasar agua de otras regiones (18,5%), cuyo menor porcentaje, según la consejera, refleja que los andaluces "respaldan el cambio de política hidráulica del nuevo Gobierno español".
A escala mundial, las preocupaciones se centran en la destrucción de la capa de ozono (52,7%), la disminución de los bosques (37,7%) y el cambio climático (32,7%). El medio ambiente baja al octavo puesto de los problemas más importantes de Andalucía (8,8%), frente al cuarto puesto de 2003. Esto se debe, según Coves, a la actualidad de temas como la violencia doméstica, mientras que el paro y la economía se mantienen como la principal preocupación de los andaluces (88,8%).
La gestión medioambiental de la Junta aprueba, según el Ecobarómetro, con un 3,24 sobre 5 en la valoración global. El aspecto más apreciado es la lucha contra los incendios forestales, con un 3,65, y el menos, la gestión de residuos industriales, con un 3,06. Sin embargo, los andaluces muestran mayor confianza en las organizaciones ecologistas (3,49), de consumidores (2,66) y agrarias (2,49) que en la Administración (2,31) en materia de política ambiental.
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