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El consorcio del Ebro gastó más dinero en sueldos y publicidad que en el plan del delta

El organismo está endeudado con créditos que han expirado sin ser devueltos

El presupuesto del Consorcio para la Protección Integral del Delta del Ebro (CPIDE) se fue en gastos que poco tenían que ver con las inversiones en la zona. Así lo explicó ayer en el Parlament el consejero de Medio Ambiente, Salvador Milà, en respuesta a una pregunta de Francesc Sancho, ex presidente del organismo y diputado de CiU. Las inversiones en el plan suman 414.941 euros. El presupuesto alcanza los 3,2 millones. El Gobierno catalán aportó 572.257 euros. El Ejecutivo central, ni un céntimo. Todo se ha pagado con créditos que no han sido devueltos.

Los sueldos del personal superan los 500.000 euros anuales, más de lo invertido en el plan en un plazo de tres años. De estas nóminas, dos son superiores a las de un director general de la Administración autonómico. De las 13 personas que trabajaban en el organismo, ocho tenían cargos y cobraban por ello. El director, Joaquim Fabra, militante del PP, tenía un sueldo de 76.708 euros anuales. El secretario, Antoni Faura (que fue diputado de UCD y se hallaba próximo al PP), tenía asignada una remuneración de 67.624 euros.

En nómina había también un jefe de gabinete y un jefe de prensa. Sin embargo, el plan de comunicación fue encargado a una empresa exterior. El interventor anotó que este contrato no se ajustaba a la ley de contratos del Estado, ya que debía haberse hecho mediante concurso público y no fue así. Tampoco hubo concurrencia pública para otras compras y contratos y en todos los casos figura la anotación pertinente del interventor. Así, hubiera tenido que convocarse concurso público para contratar al secretario, para la compra del mobiliario, para la adquisición de los equipos informáticos, para las obras de la instalación eléctrica y para la redacción del plan de comunicación. También se encargó sin concurso a una empresa exterior la selección del personal del organismo. La publicidad consumió una importante partida del dinero del que no se disponía: 494.799 euros, muy por encima de los 414.941 dedicados al plan integral del delta. Pero donde de verdad han saltado las alarmas ha sido en los gastos de representación de los dirigentes del CPIDE. En el año 2002, las facturas en comidas y hoteles sumaron 12.946 euros. En 2003, la suma de estos mismos conceptos ascendió a 13.255 euros.

Hay reuniones tan llamativas como una celebrada en Vilanova i la Geltrú (Garraf) con expertos en comunicación para valorar las campañas de publicidad. Tuvo un coste de 2.505 euros.

Uno de los directivos del CPIDE viajó a Kiev a un encuentro sobre cómo fomentar el turismo en las riberas de los ríos. A Bruselas, en cambio, para hablar con representantes de la UE, acudió una representación más nutrida: 10 personas.

El CPIDE debía financiarse en un 70% con transferencias procedentes del Gobierno central, que no ha aportado hasta ahora ni un céntimo, y en un 30% del autonómico. Nunca se llegó a establecer la cantidad total que destinar por ambas administraciones.

Mirar al pasado

Francesc Sancho (CiU) lamentó ayer que el Gobierno tripartito se dedique sistemáticamente a mirar hacia atrás en lugar de concentrarse en proyectos de futuro. Fue un sentimiento que dejó perplejo a Salvador Milà, que tuvo que intervenir sobre el CPIDE a preguntas, precisamente, del propio Sancho, que era su presidente en el periodo de idilio entre CiU y el PP. El CPIDE, en su estructura pasada, tiene poco futuro. Se convertirá en un organismo de consulta y participación, con muchos menos gastos. Pero habrá que hacer frente a los créditos contraídos (tres con Cajamadrid y uno con La Caixa, por un importe de casi tres millones de euros) por sus anteriores dirigentes. Algunos de estos créditos ya han vencido y no han sido saldados. El resultado es que han pasado a ser considerados vencidos y se les aplica el interés de penalización (el 12%, frente al 3,2% de otros créditos vigentes). El Ministerio de Medio Ambiente ha encargado una auditoría.

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