La ONU vuelve a condenar a España por falta de doble instancia penal
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha vuelto a condenar a España por incumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, al entender que el recurso de casación ante el Tribunal Supremo no cubre las exigencias del principio de doble instancia penal, ya que no permite revisar las pruebas del juicio. La decisión afecta en este caso a José María A. C., condenado por la Audiencia de Cádiz por un delito contra la salud pública a 10 años y un día prisión y al pago de 120 millones de pesetas (721.214 euros). La sentencia declaró probado que José María era distribuidor de sustancias tóxicas que le suministraba un ciudadano de origen irlandés a quien le fueron decomisadas 2.996 pastillas de un derivado anfetamínico conocido como MDA.
El Tribunal Supremo rechazó su recurso de casación y declaró que le estaba vedada una nueva valoración de las pruebas. El Comité de Derechos Humanos aceptó la demanda de su abogado, Emilio Ginés Santidrián, pese a que habían transcurrido más de dos años desde la sentencia del Supremo y a que no había acudido al Tribunal Constitucional.
Sobre la alegación de España de que no se acudió al Constitucional, el dictamen señala que sólo se necesitan agotar aquellos recursos que tengan posibilidades de prosperar, y el recurso de amparo no las tenía. El Comité ha observado que el Supremo hace un examen limitado de si las conclusiones a que llega la Audiencia son o no arbitrarias o constituyen denegación de justicia, lo que no está de acuerdo con el artículo 14.4 del Pacto de Nueva York, tal como decidió en anteriores comunicaciones. Reunido en Ginebra del 18 de octubre al 5 de noviembre, el Comité ha condenado a España a que revise la sentencia y a que el Estado, en 90 días, tome las disposiciones necesarias para que en lo sucesivo no ocurran violaciones parecidas.
Ginés señaló que esta nueva condena a España "abre las puertas a la prometida reforma del proceso penal, ya que tanto el Gobierno anterior como el actual se comprometieron a solucionar el problema de la doble instancia penal tras las condenas sufridas y las que previsiblemente se producirán si nuestro país no acata las obligaciones suscritas internacionalmente".
