La Operación Pipol se olvidó de los explosivos

Treinta meses antes del atentado del pasado 11 de marzo en Madrid, la policía de Asturias desarticuló una red de traficantes de droga formada por 25 personas entre las que se encontraba el ex minero José Emilio Suárez Trashorras, la persona que supuestamente facilitó la dinamita a los terroristas que perpetraron la matanza en los trenes. En los registros policiales que se desarrollaron a raíz de las detenciones, los agentes hallaron mucha droga, armas, munición, 94 detonadores eléctricos y 16 cartuchos de Goma 2. La causa judicial abierta por aquel caso, y sin cerrar aún, no investigó la procedencia del explosivo y no juzgó necesario decretar la prisión provisional para Suárez Trashorras.

Suárez Trashorras, encarcelado ahora por el 11-M, volvió a trabajar en la mina dos meses después de ser detenido

El fiscal de Gijón impide que se cierre el sumario al pedir que se interrogue a Rafa Zohuier, en prisión por la matanza

La causa judicial abierta a una red detenida en julio de 2001 con droga y Goma 2 no ha investigado la procedencia de la dinamita

Los hechos, en detalle, son los que siguen.

En julio de 2001, José Emilio Suárez Trashorras, y su cuñado Antonio Toro Castro, hoy en prisión por tráfico de drogas, fueron detenidos por agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Gijón en el curso de una operación antidroga.

En aquella operación policial, denominada Pipol, los agentes descubrieron en un garaje de la calle de Eloy Fernández Caravera, de Avilés, alquilado por Antonio Toro Castro, 16 cartuchos de Goma 2 marca ECO, 94 detonadores eléctricos de diferentes calibres (del 1 y del 4), dos pistolas, abundante munición, 84 kilos de hachís, tres kilos de cocaína y diversas cantidades de marihuana, pastillas y sustancias para adulterar drogas.

Toro admitió ante la policía la propiedad de los estupefacientes, pero negó toda relación con los explosivos y los detonadores. El juez ordenó su ingreso en la cárcel de Villabona (Asturias) por un delito contra la salud pública y otro por almacenamiento y tenencia de sustancias y aparatos explosivos.

Por esta causa, aún abierta tras la última petición de la Fiscalía para que declare Rafá Zouhier, confidente de la Guardia Civil y también encarcelado por ayudar supuestamente a los terroristas del 11-M a conseguir el explosivo, Toro estuvo en prisión preventiva entre el 21 de julio y el 20 de diciembre de 2001.

Durante su estancia en prisión, Toro coincidió con Zouhier y este contacto supuestamente permitió las posteriores relaciones entre los islamistas que perpetraron el atentado de Madrid y la red asturiana que les facilitó más de 200 kilos de Goma 2.

El magistrado Juan Laborda Cobo, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, que lleva las diligencias del caso, confirmó al periódico El Comercio, de Gijón, en marzo de 2004, que "la procedencia de los explosivos no fue investigada porque el hecho delictivo se limita a la tenencia de esos explosivos".

Tampoco entonces se denunció por empresa alguna la desaparición de explosivos y detonadores de sus polvorines. La Goma 2 incautada en aquella operación fue destruida en noviembre de ese año.

La mina Conchita contrató a Trashorras sólo dos meses después de que fuera detenido en la operación en la que se localizó Goma 2 junto a detonadores eléctricos.

Uno de los imputados es J. I. F. D., Nayo, a quien se le atribuye una relación habitual con Suárez Trashorras. Nayo es quien, según el abogado madrileño Carlos Alberto Tejeda, era conocedor de la existencia de un supuesto alijo de Goma 2 en un monte de la zona de Avilés. Según Tejeda, dos clientes suyos, condenados por narcotráfico por la Audiencia Provincial de Oviedo, ofrecieron en aquella fecha (fines de 2002) información a la fiscalía asturiana sobre la existencia de un almacén clandestino de 500 kilos de explosivos en la comarca de Avilés y cuyo supuesto propietario era el ex minero José Emilio Suárez Trashorras. Según Tejeda, fue de Nayo de quien partió la iniciativa de negociar un acuerdo con el fiscal, pero asegura que el abogado de Nayo no lo consideró oportuno. Tejeda, conocedor de ello, sí intentó entonces, afirma, aprovechar esa información para reducir la pena de sus dos defendidos. Según el ex fiscal antidroga de Asturias José Luis Rebollo, la información facilitada por el procesado era muy difusa y "no se apreciaban demasiados visos de verosimilitud", lo que le llevó a rechazar el planteamiento del letrado.

Para la Operación Pipol, el juez había autorizado la realización de escuchas telefónicas a los detenidos después de que una prostituta informara al Cuerpo Nacional de Policía de que creía que su proxeneta y un amigo podían estar implicados en un asesinato ocurrido en el parque de los Pericones y que además, la noche de aquel hecho, compraron cocaína en un pub de Gijón.

Las investigaciones arrancaron en ese local, del que la policía ya había tenido informaciones sobre el movimiento de droga. Al final, las sospechas sobre la supuesta autoría del asesinato resultaron infundadas, pero la investigación permitió desmantelar las ramificaciones en Asturias de una red de tráfico de droga a la que proveía el supuesto narco gallego M. B. M., establecido en una localidad de las Rías Baixas gallegas que está próxima a Cambados, centro neurálgico del clan de los Charlines. M. B. M., que hoy tiene 28 años, fue uno de los detenidos en la Operación Pipol.

Uno de los principales contactos en Asturias de M. B. M. era supuestamente el policía local de San Martín del Rey Aurelio, L. C. G. Las primeras detenciones se realizaron en Navia y se practicaron a dos avilesinos, D. G. D. y F. J. A. S., cuando regresaban a Asturias con dos kilos de cocaína en su vehículo.

La operación fue desarrollada por los grupos de estupefacientes de las comisarías asturianas de Gijón, Oviedo y Avilés, con el resultado conocido: la aprehensión de un volumen importante de estupefacientes, los 94 detonadores y los 16 cartuchos de Goma 2 ECO.

La Unión Profesional de Guardias Civiles (UPGC), en declaraciones a la agencia Efe el 25 de marzo de 2004, aseguró que el Cuerpo Nacional de Policía no había comunicado el hallazgo de la dinamita a la Guardia Civil pese a ser este cuerpo el competente en materia de explosivos.

Según la UPGC, los antecedentes de Suárez Trashorras, detenido en julio de 2001 junto a otras 24 personas en el marco de una operación antidroga e imputado en este caso por el juzgado, sólo constaban en la base de datos del Cuerpo Nacional de Policía "lo que evidencia una vez más la falta de coordinación entre ambos cuerpos de seguridad". Según la Unión Profesional de Guardias Civiles, tras realizar estos arrestos, la investigación se centró en las drogas incautadas, pero no en la procedencia de los explosivos localizados en el garaje de Avilés.