CiU pedirá que Corbacho explique la actuación de la Diputación en Prolhasa

Guante blanco en la comisión de la Sindicatura de Cuentas donde fue presentado el informe de Promotora Local de Vivienda (Prolhasa) correspondiente al periodo 1991-2001. Lluís Maria Corominas, en nombre de Convergència i Unió, anunció que su grupo pedirá la comparecencia del presidente de la Diputación de Barcelona, Celestino Corbacho, para que explique por qué esa empresa, que fue la herramienta de la política de vivienda del organismo provincial, presenta cuando menos deficiencias relativas a contratación -escasa transparencia-, una política de precios discutible y un déficit de unos 900 millones de pesetas.

CiU aseguraba en los pasillos que la comisión no era la indicada para "hacer sangre". Los portavoces que dan apoyo al tripartito cerraban filas con el argumento, cierto, de que todos son corresponsables de las decisiones que se toman en esa inmensa balsa de aceite que es la Diputación. Pero el argumento brindado por el informe que presentó el síndico Jacint Ros daba, por lo bajo, para una película de acción. La sindicatura, por ejemplo ha constatado un sistema de dirección personalista del gerente y el consejero delegado, aumentos salariales por encima del IPC sin autorización expresa, inexistencia de acuerdos del Consejo de Administración para algunas promociones, "insuficiente o inexistente control presupuestario de las obras" y falta de documentación en los procesos de licitación, contratación y ejecución de las obras.

Acciones contra Felip Puig

Las pérdidas de la sociedad Prolhasa que condujeron a su liquidación fueron provocadas por las promociones de Olesa de Montserrat y Caldes d'Estrac, localidades gobernadas por el Partit dels Socialistes, y "por la insolvencia de las empresas filiales".

En todo caso, ayer apenas hubo referencias al color político de esos municipios, quizá pensando que a la sindicatura le queda mucho trabajo por delante y que los informes sobre los casos Pallerols y Turismo -ambos relacionados con CiU- todavía están por llegar.

Donde sí todos están dipuestos a poner de relieve sus grandes diferencias es en el terreno de los sondeos de opinión. Ayer mismo, el consejero de Economía, Antoni Castells, anunció que los servicios jurídicos de su departamento analizan si emprenderán "alguna acción" contra el portavoz de CiU, Felip Puig. El dirigente nacionalista acusó al Gobierno de manipular el último barómetro de opinión. Castells, como presidente del Instituto de Estadística de Cataluña, ha pedido comparecer ante el Parlament para para informar del proceso de elaboración de encuestas.