La UE impide al Gobierno de Murcia desproteger el Parque de Calblanque

La oposición frontal de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea (CE) y de la ministra española Cristina Narbona ha obligado al Gobierno murciano (PP) a desistir de su intento de desproteger 100 hectáreas del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, para que la empresa Portmán Golf, uno de cuyos propietarios es el empresario Mariano Roca Meroño, que está siendo investigado por la Fiscalía, construyera un complejo de viviendas en la zona.

Tras rechazar en una primera instancia la Unión Europea la solicitud presentada por el Ejecutivo murciano, y con las denuncias de la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse), la Comisión inició la apertura de un expediente informativo, al tiempo que solicitó al Gobierno presidido por Ramón Luis Valcárcel que "en el plazo de dos meses" justificara los motivos por los cuales había transmitido a la institución europea la propuesta de desprotección del parque regional y Lugar de Interés Comunitario (LIC), al tiempo que debería contestar a las denuncias de los ecologistas, que estaban avaladas por estudios científicos acerca de la importancia medioambiental de la zona que se pretendía desproteger para su construcción.

El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno murciano, Fernando de la Cierva, negó ayer que se haya producido "un cambio de postura" en la propuesta de modificación del parque, y subrayó que la comunidad "aún no había remitido la propuesta a Bruselas".

En este sentido, EL PAÍS ha tenido acceso a una carta enviada a la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio y firmada por el anterior director general del Medio Natural del Gobierno murciano, Carlos Brugarolas, en la que incluye la "propuesta de modificación de los límites del LIC de Calblanque, la cual elevamos por medio del presente escrito, para que siguiendo los trámites sea presentada a las autoridades comunitarias competentes".

El portavoz del Gobierno regional indicó, además, que la solicitud de desprotección del parque no había sido iniciativa del Ejecutivo, sino de una empresa promotora, y que la Consejería de Medio Ambiente se limitó a tramitar y estudiar esa demanda.