Álava buscará una fórmula para que Daewoo y Ramondín paguen

La Diputación alavesa buscará la "fórmula más favorable" para que las empresas Ramondín y Daewoo puedan cumplir la sentencia definitiva del Tribunal de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo, que ha declarado ilegales los incentivos fiscales a la inversión que concedió la Hacienda alavesa a estas dos compañías. La resolución del Tribunal declara contrarios a la competencia y ayudas de Estado el crédito fiscal del 45% para inversiones de más de 2.500 millones de pesetas y las llamadas minivacaciones fiscales (reducción de la base del impuesto de Sociedades del 99%, 75%, 50%, y 25%, respectivamente, los cuatro primeros años de beneficios).

El diputado de Hacienda de Álava, Juan Antonio Zárate recordó en un comunicado que la sentencia afecta solamente a dos empresas. A este argumento se aferró también la patronal vasca, Confebask, quiene en otra nota pública, recordó que la sentencia no obliga a todas las empresas que se han beneficiado de estos incentivos en Euskadi.

Sin embargo, en las haciendas vascas existe un miedo de que la la filosofía de la sentencia se traslade automáticamente al recurso presentado ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades contra el expediente general de la Comisión Europea que declaró ilegales estos incentivos fiscales, vigentes entre 1995 y 1999. Confebask, que tildó de "mala noticia" la sentencia, confía en que ese proceso no obligue a devolver todas las ayudas recibidas por la empresas vascas por estos incentivos. El expediente general está recurrido por la patronal, las tres diputaciones y el propio Gobierno.

Juan Antonio Zárate, sin conocer todavía el texto de la resolución de Luxemburgo y antes de un análisis en profundidad, dijo que "la Diputación de Álava busca una solución para dar cumplimiento a la sentencia" su normativa. "Procede analizar ahora con detalle la correcta adecuación de la sentencia a la concreta situación de las dos empresas, con objeto de concretar qué parte de las ayudas fiscales cuestionadas son compatibles con las normas comunitarias para que puedan ser aplicables".

La Diputación recuerda su deseo de establecer los contactos que sean necesarios con los Servicios de la Comisión Europea, al objeto de llevar a cabo el cumplimiento de la sentencia con el menor perjuicio posible para las empresas Ramondín y Demesa, las cuales, "en definitiva, han realizado en nuestro Territorio importantes inversiones que han aumentado el empleo y la riqueza de nuestra comunidad".

En esta línea, el secretario general de los empresarios alaveses, José Manuel Farto, recordó ayer en una rueda de prensa en Vitoria que la responsabilidad no es de las compañías que se beneficiaron de los incentivos, sino de las instituciones que los establecieron y concedieron. También dijo que con otra normativa la decisión empresarial de invertir quizás hubiera sido otra.

El Departamento de Hacienda no quiso comentar el fallo y la valoración del Gobierno, parte perdedora en el caso Daewoo, la dio escuetamente el viceconsejero de Industria, Iñaki Telletxea, en los pasillos del Parlamento. Calificó la sentencia de "mala noticia", pero dijo que no supone "un freno en el desarrollo económico de Euskadi". Por su parte, el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, quien denunció en 1997 ante Bruselas el traslado de la planta de Ramondín de Logroño a la localidad alavesa de Laguardia, se declaró "satisfecho" y "feliz". El fallo, dijo, pone fin a "comportamientos éticamente reprobables".