Funcionarios revelan el robo de sellos en Extranjería en las fechas en que se consumó una estafa a inmigrantes
Dos funcionarios de la Oficina de Extranjería de Alicante declararon ayer ante el tribunal que juzga una supuesta estafa a inmigrantes en la tramitación de permisos de residencia y trabajo que, al menos en dos ocasiones, se sustrajeron los sellos con los que se daba carácter oficial a las solicitudes. Los funcionarios aseguraron que denunciaron verbalmente la sustracción del material a sus superiores. Los testigos no precisaron la fecha del robo, aunque apuntaron a octubre de 2002.
Por estos hechos han sido juzgados un falso abogado y dos funcionarios de la oficina de Extranjería de Alicante, sita en el calle Campo de Mirra. El fiscal sostiene que el abogado cobraba a las víctimas -la mayoría mujeres extranjeras que trabajaban en clubes de alterne de la provincia- 350 euros por cada solicitud. Este acusado ofrecía luego entre 100 y 150 euros a los dos funcionarios procesados por el sellado de la documentación, aunque el expediente estuviera incompleto.
Un falso abogado y dos empleados públicos cobraban 350 euros por solicitudes no cursadas
El director de la Oficina de Extranjería de Alicante en el periodo que ocurrieron los hechos -entre los años 2001 y 2002- , Enrique Correas, que también compareció ante el tribunal en calidad de testigos, negó el robo de los sellos. "Nunca tuve notificación oficial de la sustracción de sello alguno de la oficina", aseveró el máximo responsable del negociado de extranjería.
La denuncia de estos dos funcionarios sobre el robo de los sellos concuerda con el testimonio de algunas de las víctimas que aseguran que firmaban las solicitudes de los permisos en un taxi, en las inmediaciones del negociado de Extranjería, y que allí mismo [en el taxi] les sellaban los impresos.
Además, uno de los funcionarios que ayer compareció ante el tribunal, la sección 3ª de la Audiencia de Alicante, también corroboró el testimonio de una testigo anterior relativo a que uno de los encausados, el falso abogado, ofrecía a menudo dádivas a los funcionarios. "En una ocasión repartió jamones de pata negra", destacó.
Al terminó de la vista oral, las partes elevaron a definitivas sus conclusiones. El fiscal, no obstante, rebajó por motivo de la reforma del Código Penal en un año la pena al supuesto abogado que, de esta forma, se enfrenta a un total de ocho años por los delitos de estafa y cohecho. Para los funcionarios, el ministerio público solicita un total de ocho años de cárcel y cinco de inhabilitación.
Para el representante de la acusación pública, la vista oral que se ha celebrado a lo largo de tres jornadas, ha probado los hechos que imputa a los tres acusados. Es decir, que uno de ellos cobraba a las víctimas unos 350 euros por cada solicitud de permiso de trabajo y residencia que luego no se tramitaban y que ofrecía a los funcionarios entre 100 y 150 euros por cada expediente sellado, aunque no estuviera debidamente cumplimentado.Las defensas pidieron las absolución.
