La oposición denuncia anomalías en una concesión municipal en Málaga

La documentación que ayer recibieron los grupos de la oposición en Málaga sobre las contrataciones de personal en el centro de emergencias municipal no permitió esclarecer los supuestos casos de enchufismo por estar incompleta, pero sí los puso tras la pista de otras posibles anomalías en la concesión del servicio a la empresa Clece. Tampoco el alcalde ha quedado satisfecho y ha requerido más explicaciones a ésta.

La oposición, que ha solicitado una comisión de investigación sobre como se realizó la contratación del personal tras conocer por una denuncia de la UGT que la mayoría de las teleoperadoras empleadas en el centro de coordinación de emergencias tienen vínculos familiares con mandos de la Policía Local y Bomberos, ha puesto ahora también en solfa el procedimiento por el que el Ayuntamiento concedió la gestión del servicio a la empresa privada Clece.

El consistorio convocó un concurso público al que se presentaron siete ofertas, y adjudicó el servicio a Clece por 1.019.000 euros en una decisión que, según la oposición, plantea todo tipo de sospechas.

Izquierda Unida ha llegado más lejos en sus denuncias y ha solicitado la rescisión del contrato a Clece porque, según explicó el concejal José Luis Portillo, "se incumplió el pliego de condiciones del concurso público y se aplicaron criterios de baremación nada claros". "Se hizo un traje a la medida para conceder un servicio que debería ser público a una empresa determinada", apostilló Portillo, quien señaló además que la empresa obtendrá unos altos beneficios que cifró en casi 500.000 euros anuales, el 50% del precio de adjudicación.

La portavoz del PSOE, Marisa Bustinduy, cree que existió un "claro dirigismo" en la contratación de Clece. Entre otros elementos de sospecha asegura que "fue favorecida al valorarse mejoras en el pliego de condiciones no concretadas en éste que realizó Clece, como que los teleoperadores no padecieran ningún tipo de defecto auditivo o visual, o que sorprendentemente ofertara 300 horas de formación a los aspirantes cuando las demás ofertas se ajustaron al pliego de condiciones que estipulaba entre 80 y 163".

Bustinduy insistió ayer en la necesidad de constituir una comisión de investigación que no trate ya solamente los criterios con los que Clece realizó la selección del personal, sino la adjudicación a la empresa de la gestión del centro de emergencias". "Todo el proceso está cargado de anomalías que requieren una explicación del alcalde", recalcó.

Sobre la existencia de posible enchufismo en las contrataciones del personal realizada por Clece, ni la oposición ni el equipo de gobierno han podido obtener nuevos datos de la información facilitada por la empresa. El alcalde reconoció ayer su insatisfacción, y mandó un nuevo escrito al gerente de Clece en el que le requiere información "adicional necesaria". Entre ella, si la empresa recibió instrucciones de algún responsable del Ayuntamiento sobre la orientación del proceso de selección de personal, los medios de difusión en los que se dio publicidad a la oferta de empleo, el número de candidatos presentados y los criterios de selección y exclusión, como se eligió al profesorado que impartió el curso de formación y , el programa de éste.

El alcalde además ha pedido a la secretaría municipal que emita un informe jurídico para determinar si es posible que en lo sucesivo se incluyan en los concursos que convoca el Ayuntamiento cláusulas que determinen los criterios que las empresas adjudicatarias deben aplicar en la selección del personal que contrate.

Precisamente, el argumento esgrimido por el equipo de gobierno para eludir su responsabilidad en el supuesto caso de enchufismo masivo en el centro de emergencias es que la elección y la relación laboral de los trabajadores es de una empresa privada y no del consistorio. Según la denuncia de UGT, la mayoría de las 28 personas contratadas como teleoperadoras son familiares de mandos de Policía Local y Bomberos.

El responsable del área de seguridad del consistorio, Carlos Rubio, reconoció ayer sobre el asunto en declaraciones a la Cadena SER: "No es ilegal desde luego, pero no es deseable que ocurra y no quiero hablar de inmoral porque las personas contratadas tienen tanto derecho a trabajar como todo el mundo".