El Ayuntamiento aprueba una subida del 3,3% en los impuestos
El gobierno local consuma la eliminación del bonobús sin transbordo
El pleno municipal de Sevilla aprobó ayer las ordenanzas fiscales para 2005 con los votos a favor de PSOE e IU y el rechazo de PP y PA. La oposición considera que el gobierno pretende "solucionar con los impuestos su desastrosa gestión económica". La delegada municipal de Hacienda, Inmaculada Muñoz, insistió en que la subida media es del 3,3%, correspondiente al IPC interanual de agosto
El bonobús de 10 viajes sin transbordo, el que emplean 40.000 de los 83.000 usuarios diarios de Tussam, cuesta 3,90 euros. A partir de enero, habrá un único bono con derecho a transbordo que costará 5 euros. Es decir, los que no hagan uso del transbordo pagarán 50 céntimos por viaje frente a los 39 de hoy, una "menudencia", según la concejal de Hacienda. "¿Es serio creen que es caro? Es menos de los que se gasta cualquiera en un café o un periódico", argumentó Muñoz, quien advierte de que el objetivo primordial del gobierno es mantener el carácter público de la empresa de transportes y que los estudios realizados concluyen que el coste del servicio es muy superior a las tarifas.
La oposición, sin embargo, sostiene que los ciudadanos van a pagar la mala gestión de Tussam que ha hecho el gobierno. Para el PP, en palabras de su concejal Gregorio Serrano, "lo de Tussam es el mayor cachondeo económico y financiero que se ha visto en este Ayuntamiento". Por su parte, el andalucista Rafael Carmona, afirmó: "Están miopes si ven en el billete la forma de financiar Tussam", señaló el edil andalucista.
Por lo demás, la delegada de Hacienda insistió en que el gobierno no ha subido ningún impuesto "dentro de sus competencias".
Por otra parte, el equipo de gobierno acordó ayer llevar al pleno del 18 de noviembre la puesta en marcha de la comisión de quejas, sugerencias y reclamaciones, un nuevo órgano creado al amparo de la Ley de Grandes Ciudades, que dependerá de la Delegación de Participación Ciudadana y que en la práctica funcionará como una oficina del defensor del ciudadano. Para presidirlo, el equipo de gobierno ha optado por el ex concejal de IU Luis Pizarro.
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