Una sentencia judicial obliga al Gobierno de EE UU a suspender el juicio al ex conductor de Bin Laden

Un fallo judicial ha obligado al Gobierno de EE UU a suspender el proceso del ex conductor de Osama Bin Laden, y ha dejado en el aire otros previstos a los detenidos de Guantánamo. De acuerdo con el dictamen, los prisioneros deberían ser juzgados en consejos de guerra convencionales porque los tribunales militares establecidos tras los atentados del 11-S "violan" la Convención de Ginebra y el espíritu de la Constitución americana. El Pentágono ha reaccionado anunciando que apelará.

Hasta que dicho recurso se dirima, lo que está claro es que la decisión del juez federal James Robertson ha situado al Gobierno de George W. Bush en un callejón de difícil salida al haber invalidado la premisa de que los detenidos son "combatientes enemigos" y, por tanto, ilegales. Toda la estrategia de las detenciones indefinidas en la guerra antiterrorista ha girado en torno a esta catalogación, que el Pentágono justifica afirmando que cuando les capturaron en Afganistán no pertenecían a un Ejército convencional ni obedecían a una cadena de mando.

El juez Robertson ha respondido que el artículo 5 de la Tercera Convención de Ginebra establece que a los capturados se les debe llevar inmediatamente ante un tribunal que determine si son o no prisioneros de guerra. EE UU no consideró necesario hacerlo en un principio; sólo después de que el Tribunal Supremo estableciera hace unos meses el derecho de hábeas corpus de los detenidos, el Pentágono se apresuró a crear un sistema de revisión. Este Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente Enemigo es independiente de los juicios. Sólo se han anunciado juicios en tribunales militares para 15 de los detenidos, mientras que para los tribunales de revisión pasarán los 580 reclusos de Guantánamo. La diferencia es que ante estos últimos comparecen sin abogado.

La inexistencia hasta hace poco del tribunal de revisión hizo posible el limbo judicial de Guantánamo. Durante dos años, el Pentágono ha sostenido que el presidente posee autoridad para decidir quién es un "combatiente enemigo". El juez Robertson lo niega: "El presidente no es un jurado", afirma en el dictamen. Señala además que tal aseveración "debilita" la posición de EE UU cuando sus soldados sean capturados y solicite que se les reconozca los derechos de la Convención de Ginebra. El magistrado fue nombrado por Bill Clinton en 1994.

El nivel de garantías procesales es superior en los consejos de guerra convencionales que en los tribunales militares posteriores al 11-S. En éstos, los acusados no tienen derecho a apelar a la justicia de EE UU ni posibilidad de defenderse de las pruebas secretas que los fiscales militares puedan utilizar en nombre de la seguridad nacional. Los abogados del conductor de Bin Laden, Salim Ahmed Hamdan, arguyeron que tales normas atentaban contra las mínimas garantías procesales y el juez Robertson les ha dado la razón.

Ahmed Hamdan, yemení de 34 años, niega su pertenencia a Al Qaeda, asegura que él se limitaba a trasladar de un lado a otro a Bin Laden y que desconocía los planes de los atentados del 11-S. Además de él hay otros 66 detenidos que han presentado recursos de hábeas corpus en tribunales federales, cuyos casos están aún sin resolver.

El alcance del fallo es incierto, pero los juristas coincidían ayer en que afectará a los 66 recursos, así como al resto de los juicios previstos en tribunales militares y a los de revisión. De éstos se han celebrado 300 en Guantánamo y se ha ratificado el estatuto de combatiente enemigo de 299 detenidos.